Las avalanchas de inmigrantes que este verano se sucedieron en la frontera de Melilla tienen todavía hoy consecuencias. No tanto por la masificación de los centros de acogida, sino por cómo se trataron estas llegadas por parte de las fuerzas de seguridad. De esta manera, el titular del juzgado de primera instancia número 2 de Melilla imputó ayer por un presunto delito de prevaricación al jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, que habría estado ejecutando devoluciones en caliente de inmigrantes a Marruecos, una práctica prohibida en la Ley de Extranjería.

El magistrado quiere que el responsable local de la Benemérita declare el 3 de octubre sobre los hechos ocurridos el 18 de junio y 13 de agosto, cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla, y fueron «entregados de manera inmediata a las fuerzas auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería» o el convenio de readmisión de inmigrantes firmado con el país vecino.

Según detalla el auto, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla «dicta la orden Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia en fronteras y es la persona al mando del dispositivo». Se le imputa para esclarecer «si se llevaron a cabo entregas de ciudadanos extranjeros a las autoridades marroquíes sin observar la legislación española vigente y, si esto fuera así, si tal manera de actuar pudiera ser constitutiva de infracción penal».

Se trata de un paso más en las diligencias incoadas el pasado mes de agosto cuando, ante la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, el juzgado comenzó a investigar la posible responsabilidad y comisión de delitos en la acción de policías marroquíes y efectivos de dicho cuerpo durante las devoluciones de inmigrantes en Melilla del 18 de junio.

EL CONCEPTO DE FRONTERA. El juzgado pidió información entonces a la Guardia Civil, que en un profuso documento detalló que se había aplicado aquella noche un «concepto operativo» de frontera que viene funcionando desde 2005 y según el cual, «solo se consuma definitivamente» la entrada en territorio nacional cuando el inmigrante supera «la valla interna» y «rebasa la línea de vigilancia y contención establecida» en la zona.

El magistrado dice que con este «concepto» que aplica la Guardia Civil coexisten dos ideas de frontera, una «de naturaleza jurídica» y otra «de naturaleza operativo o funcional». Con todo, los vídeos aportados por las ONG en la querella, demuestran que «varios ciudadanos subsaharianos son entregados por los agentes a las fuerzas auxiliares marroquíes» a través de la puerta de servicio de la valla «sin que conste que los mismos fueron trasladados a Jefatura Superior del Cuerpo de Policía Nacional», conforme detalla el auto del juzgado.

Ante estas dudas en cuanto a la delimitación de la ciudad autónoma de Melilla, la Unión de Guardia Civiles pidió ayer mismo al Ministerio del Interior que «de una vez por todas» delimite «exactamente» qué valla es la que delimita el territorio nacional del Reino de Marruecos.

La contestación del Gobierno no se hizo esperar, aunque en respuesta a una pregunta del grupo Amaiur que versa precisamente sobre la devolución inmediata a Marruecos de los inmigrantes que consiguieron saltar la valla el 18 de junio por la noche. En este sentido, afirmó que «a efectos del régimen de extranjería», España empieza tras la valla interior de las dos que marcan el perímetro fronterizo en Melilla y aseguró que a los inmigrantes que la rebasan se les conduce a la Policía Nacional.