Aunque se ven obligadas a vender su ganado a precios de hace diez años, las ganaderías de lidia de Castilla y León comienzan a ver la luz tras un duro proceso de ‘reconversión’ que mandó al matadero a una de cada cinco reses bravas y provocó el cierre de una veintena de explotaciones como consecuencia de la drástica reducción de festejos. Desde 2009, cuando el censo en la Comunidad superaba los 51.166 animales, se ha pasado a los 40.317 actuales, lo que supone una reducción de 21,2 por ciento. Además, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta, ese año se inició un incremento progresivo del número de machos de lidia que terminaron en los mataderos, pasando de 1.155 a los 3.611 contabilizados en 2012.
De forma paralela a este incremento de los machos que acabaron en el matadero, se registró un descenso de los que fueron lidiados en plazas. Así, de los más de 3.400 toros que eran toreados en las plazas de la Comunidad antes de la crisis económica, se pasó a los poco más de 1.500 del 2014.
Sin llegar a los niveles récord de 2008, cuando en Castilla y León se celebraron 2.873, el número de festejos taurinos en Castilla y León se incrementó en 2015 por tercer año consecutivo y alcanzó los 2.299, lo que supone una subida del seis por ciento en comparación con 2012, cuando se tocó fondo con 2.160. No obstante, hay que diferenciar el comportamiento de los espectáculos populares, que son los que mejor han capeado los recortes de gastos festivos de los ayuntamientos, y las corridas, con descensos de casi la mitad tanto en toros como en rejones.
A la vez que reconocen que hace dos años se inició una ligera recuperación que se acentuó en 2015, los ganaderos también coinciden en señalar que la corriente antitaurina impulsada en 2011 por el Parlamento Catalán con la prohibición de las corridas de toros también tiene su influencia y está provocando que algunos ayuntamientos se cuestionen subvencionar los festejos taurinos.
Justo Hernández, propietario de Garcigrande, una de las ganaderías de mayor prestigio de la Comunidad, asegura que la crisis «nos ha afectado como a todos y hemos regresado a los precios de hace diez años». De todas formas, reconoce que después del ajuste de los últimos años, desde 2014 se aprecia una ligera recuperación, «aunque, hoy por hoy, las ganaderías de lidia tenemos bastante con no perder dinero». Además, Hernández, que para esta temporada ya tiene cerradas más de veinte corridas en las principales ferias nacionales como Sevilla, Valencia o Bilbao, pero también en las ciudades francesas de Arles y Nimes, se muestra convencido de que esta corriente antitaurina pasará y confiesa que el «mayor error que hemos cometido los taurinos es haber dejado a los políticos la defensa de la tauromaquia».
«Sin tauromaquia el toro bravo tiene los días contados», asegura Hernández, que afirma que el sector tiene un problema de comunicación ya que no se puede calar tanto en la opinión publica el mensaje de los antitaurinos cuando «hay pocos animales en el mundo que tengan una vida tan privilegiada como la del toro».
Garcigrande, ubicada en una finca de más de 1.200 hectáreas de dehesa en el término de Alaraz (Salamanca), no ha visto obligada que reducir el número de cabezas, todo lo contrario que el ganadero Eladio Vegas, que en 2010 tuvo que recortar considerablemente su ganadería ubicada en Rueda (Valladolid), pasando de 300 a 80 vacas. Vegas reclama una modificación de la normativa taurina autonómica para que un mismo animal pueda participar en varios espectáculos, «como el famoso Ratón», reconoce que mientras hace tres años llegó a presentar corridas en plazas de segunda por poco más de 12.000 euros, «ahora ya podemos hablar de subidas de entre un 10 y un 20 por ciento».
Impacto económico. Al mismo tiempo, Pérez Tabernero hace referencia al impacto económico que generan las ferias taurinas y los festejos populares para defender las subvenciones que algunos ayuntamientos conceden al sector, argumento que también es utilizado por el ganadero burgalés Antonio Bañuelos que insiste que actividades con menos repercusión económica y que generan menos empleo reciben fondos públicos.