La puerta para introducir cambios en los Planes Provinciales ha quedado abierta. Las bases que sirven de referencia para su convocatoria y resolución desde 2012 serán sometidas a revisión en los próximos meses.

La cuestión se coló, de refilón, en el debate de la modificación presupuestaria -760.000 euros procedentes de bajas por anulación y nuevos ingresos- que permitirá poner en marcha planes especiales (subvenciones directas) para obras singulares en cementerios e instalaciones deportivas.

El equipo de Gobierno recogió el guante lanzado por PSOE e IU, que pusieron algunos reparos a la fórmula de la modificación y volvieron a abogar, por enésima vez, por la dotación de fondos incondicionados y se encontraron, por enésima vez, con la argumentación popular de que estos planes no son arbitrarios, no tienen tintes políticos a la hora de conceder las ayudas, son necesarios y se diseñan tras recibir las peticiones de los regidores de la provincia, termómetro de lo que necesita el medio rural.

Desde IU se sostuvo que en estos Planes Especiales se encauzan obras «que no son realmente urgentes» y que se ha abierto «por desgracia» una vía, pues ven los Ayuntamientos «que es mas fácil ir por otros caminos», apuntó Félix Iglesias, quien abogó por cambios en las bases, en lo relativo a la financiación y la tipología de las obras.

Similar base argumental expuso Jesús Guerrero (PSOE). Reclamó que la Diputación «facilite recursos suficientes sin tener que ir a convocatoria, o concesiones graciables», y así la ayuda directa «quedaría para situaciones excepcionales». Mostró su extrañeza porque se financien estas obras singulares con 300.000 euros de bajas de Planes, bajas que recordó, había un compromiso «de reinvertir, en los municipios» y porque otros 500.000 euros procedan del Plan de Carreteras «cuando hace un mes se sacaba pecho con él».

Mario Granda (PP) defendió la idoneidad de estos Planes para obras singulares «porque los Ayuntamientos tienen compromisos que deben cumplir», y recordó que la modificación aprobada ayer «permitirá ejecutar los proyectos solicitados sin esperar a septiembre».

No entró en el asunto de la reinversión de las bajas de Planes que planteó el PSOE, pero sí en la posibilidad de introducir variaciones en las bases de la convocatoria de los Planes el próximo ejercicio. «Estamos dispuestos a cambiar el tipo de financiación. Si hay que cambiar, la cambiaremos. Llevamos tres años con la actual», precisó.

Una afirmación que ratificó unos segundos después el presidente de la Institución cuando cerró el debate de ese punto. «Podríamos estudiar modificaciones en la cofinanciación el próximo año», concluyó.

adelanto para contratar. A lo que no hubo que esperar fue a la aprobación, como punto de urgencia, de otra modificación presupuestaria que permitirá adelantar 780.000 euros a los municipios de la provincia para que contraten trabajadores durante el período estival. «Queremos agilizar la contratación, y que sea a partir del 1 de junio», anunció Mario Granda, quien detalló el recorrido de la propuesta.

«La Junta proponía 93 contratos para pueblos con más de 10 parados, que nos parecían insuficientes, y 103 más para personas en riesgo de exclusión. Propusimos un cambio del anexo. Rebajar a 40 contratos de exclusión social, e incrementar los otros. Así salen 156 para 83 municipios», concretó.

IU, que se abstuvo al considerar que estos planes «caen en la precarización del empleo», dio la bienvenida a la celeridad para dotarlo económicamente aunque incidió en que «son medias jornadas, 500 euros mensuales», que ayudan poco a solventar la difícil situación por la que pasan los beneficiados por las contrataciones.

Para el PSOE, que sí apoyó la modificación presupuestaria, el problema está en el retraso de la Junta, y en las cifras que se manejan «claramente insuficientes» . Jesús Guerrero lamentó que la Diputación «haya dejado de tener política propia en materia de empleo», y que esté «subordinada en los tiempos a otras Administraciones».

Volvió el máximo responsable de la Institución a poner el cierre al debate del punto. «Ahora es cuando los alcaldes demandan la contratación. A partir de junio, no en octubre o noviembre como ocurría en años anteriores. Estamos en condiciones de garantizar que todos los pueblos van a tener al menos un trabajador», finalizó.