Fondo de Maniobra. Fue la denominación elegida ayer por la presidenta de la Diputación para los 1,6 millones de euros que la Institución pondrá en circulación en las próximas semanas.

El grueso de esa cantidad, casi un millón de euros, se materializará en una ayuda económica de la Institución Provincial a todos los municipios para garantizar la prestación de los servicios municipales mediante la contratación de trabajadores desempleados.

«El principio de control y la disciplina en el gasto, sin menoscabar servicios, es lo que nos permite ahora impulsar estos convenios», precisó Ana Asenjo, apenas un minuto antes de que el diputado de Hacienda desgranara esos acuerdos que se rubricarán con los municipios de la provincia

«Se destinará un montante total de 736.912 euros, lo que supone casi el doble que en el año anterior», aseguró Mario Granda, quien recordó que es competencia de los municipios garantizar la salubridad pública y la limpieza de las calles y vías públicas o el mantenimiento de espacios de ocio, parques y jardines.

 Antes del 15 de abril estarán rubricados 86 convenios, y el resto se firmarán casi a demanda de los pueblos, cuando consideren que precisan la contratación.

Los municipios recibirán entre 2.502 y 5.000 euros.

Para su cálculo se han tenido en cuenta dos criterios. Por un lado los municipios que tuvieron, de media en 2014, al menos 10 trabajadores desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo y, por otro, las localidades donde no se llega a esa cifra. En ese caso la distribución se hace en función del número de habitantes del municipio y el número de núcleos de población.

Ciento noventa trabajadores. Estas ayudas permitirán la contratación de 190 trabajadores en la provincia por un periodo de 3 a 6 meses.

Desglosado, 86 municipios recibirán 5.000 euros; 8 municipios 4.170 euros; 40 localidades 3.336 euros y los 56 restantes 2.502 euros.

En 2013 y 2014 la Diputación suscribió convenios para la contratación de trabajadores con todos aquellos municipios que no lo habían suscrito con la Junta de Castilla y León, que lo hizo con aquellos que tenían un mayor número de trabajadores en situación de desempleo.