Un total de diez sobre una plantilla de 16 jueces y seis de los 10 fiscales que operan en Palencia se sumaron hoy a la convocatoria de huelga de ámbito nacional en la que se reivindicaba una mejora de las condiciones laborales y salariales, una mayor dotación de medios materiales y personales, y más garantías en cuanto independencia judicial. El Juzgado de lo Penal también se unió a la convocatoria mientras que los magistrados de la Audiencia Provincial trabajaron con normalidad. De hecho, celebraron ayer las tres vistas orales previstas.
La decana de los jueces, María Rosa Martínez López, y la fiscal Ana Fernández Fontecha, hicieron de portavoces a las puertas del palacio de justicia, donde se llevó a cabo una concentración, para trasladar a la sociedad las principales reivindicaciones del colectivo. Los profesionales de justicia lamentan que la última convocatoria del 22 de mayo fuera apoyada por la actual ministra Dolores Delgado «y ahora con ella no haya ningún avance en estas reivindicaciones que ya son históricas», apuntó al respecto Fernández Fontecha.
Entre sus peticiones, como ya expusieron en la primera huelga de la historia del colectivo celebrada en mayo, figuran medidas de calidad y eficaces para modernizar la administración de Justicia. «Para ello se necesitan un plan de inversión para conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de derechos fundamentales», destacó Martínez López. Esto lleva parejo un «esfuerzo inversor», con el consiguiente incremento de jueces , la modernización de edificios judiciales y fiscalías, la implantación de un expediente judicial útil y operativo o la revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Los datos que se manejan a nivel nacional revelan que mientras en Europa la media es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España es la mitad.
Respecto a la mejora de las condiciones profesionales, jueces y fiscales piden en su listado de reivindicaciones la convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclaman mejoras salariales que permitan recuperar los recortes producidos en los últimos siete años. También incluyen la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente en el momento de la supresión y reducción por la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad; la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo; y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial. Entre sus peticiones figuran igualmente la regulación de las cargas de trabajo y más medios para asuntos urgentes. Solicitan la derogación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone un plazo máximo de seis meses de instrucción de un caso lo que es, a su juicio, actualmente inviable en los casos más complejos como los delitos graves, reiteró María Rosa Martínez López.
Hay que recordar que la Ley 41/2015, de 5 de octubre obliga a que las diligencias de instrucción se practiquen durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja, lo que supondrá una prórroga en el tiempo para la misma.
Además, la decana de los jueces de Palencia también incidió en que «con decisiones como la reciente propuesta del presidente del CGPJ y algunos vocales para conformar el órgano de gobierno por parte de las fuerzas políticas se merma la confianza de la sociedad en las instituciones».