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UGT alerta que hay 260.000 víctimas de pobreza energética

SPC - martes, 4 de diciembre de 2018
Un hombre calienta su hogar con una chimenea de leña - Foto: Ical
UGT aplaude el bono social pero lo considera "insuficiente", a la vista de que entre el 30 y el 50 por ciento de la mortalidad adicional de invierno se debe a unas deficientes condiciones en viviendas

UGT Castilla y León alertó hoy de que la Comunidad cuenta con 260.000 personas víctimas de la pobreza energética y advirtió de la mortalidad en invierno, especialmente en personas mayores, bien por fuentes de calor peligrosas o por imposibilidad de mantener la vivienda en condiciones óptimas de temperatura. De hecho, explicó que entre el 30 y el 50 por ciento de la mortalidad adicional en esta estación del año se debe a unas “insuficientes” condiciones de climatización, según el informe de la Organización Mundial de la Salud ‘Responsabilidad ambiental sobre las enfermedades asociadas a una vivienda inadecuada’.

En este sentido, la pobreza energética en España es una causa de muerte “más significativa que los accidentes de tráfico”, según apuntó UGT, citando a la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que en un estudio explica que el promedio de víctimas de accidentes entre 1996 y 2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa una media de 7.100.

Por ello, el sindicato aplaudió todas las medidas en marcha para abordar la pobreza energética que impide a miles de familias hacer frente al frio o al pago de las facturas de energía. Entre ellas, citó el bono social, un “avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes en casos de pobreza extrema”. “Pero resulta insuficiente y además añade cierta confusión, ya que introduce medidas en el bono social eléctrico y, además, crea uno nuevo, el bono social térmico”, lamentó UGT.

Para UGT, el bono social se debería desarrollar por medio de una ley que establezca la garantía del acceso de toda la población a un suministro básico de electricidad y que defina las personas destinatarias del mismo, es decir, “qué se entiende por consumidor vulnerable, con criterios basados fundamentalmente en los ingresos y el número de miembros de las familias”.

Esta ley integral “contemplaría una reforma en profundidad del mercado eléctrico, de cara a establecer el precio del kilovatio por hora, en función de su coste real de generación, algo que terminaría con el actual sobrepago a las empresas eléctricas”. Además, incluiría una “tarificación más justa revisando el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija, reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido del 10 por ciento, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente”.

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