La Consejería de Fomento todavía no ha recibido las 100 viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) acordó ceder a la Junta el pasado 26 de octubre durante la firma del convenio de préstamo de los inmuebles. Tal y como confirman fuentes de la Consejería de JuanCarlos Suárez-Quiñones, el Gobierno de la Comunidad no ha podido integrar dentro del parque de viviendas destinadas al alquiler social las nuevas casas que la Sareb prometió entregar hace más de dos meses y medio y por los que la Junta abonó 660.000 euros.
Desde Fomento esperan que el traspaso no se demore y puedan recibir cuanto antes el centenar de viviendas incluidas dentro del pacto suscrito entre Suárez-Quiñones y Gaspar González, director de Responsabilidad de la Sareb, hace 76 días. «No creemos que falte mucho», sostienen, pero reconocen que todavía no tienen estos inmuebles dentro de su cartera.
Hay que recordar que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como ‘banco malo’, firmó con la Junta la entrega de 100 viviendas que ésta destinaría al alquiler social. Según informaron ambas partes durante la presentación del acuerdo, se trata de una cesión durante un periodo de cuatro años que al mismo tiempo permitirá a la Sareb hacer caja por los inmuebles. En concreto, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, pagará 660.000 euros por la propiedad durante este tiempo, lo que supone un desembolso para la Junta de 6.600 euros por cada una de las viviendas.
Un precio simbólico en forma de alquiler que será de 75 euros mensuales en el caso de que estén ocupadas, y 125 euros mensuales si están vacías. Durante los cuatro años de vigencia del convenio, el Gobierno autonómico y la Sareb compartirán la distribución de los gastos derivados de la propiedad de las viviendas, comunidad, seguros, IBI y otros gastos derivados del mantenimiento ordinario del inmueble. En todo caso, el ‘banco malo’ mantiene la titularidad durante todo este periodo, pero al finalizar el plazo, el convenio podrá ser objeto de prórroga.
Durante el acuerdo se fijó que el 50 por ciento de las viviendas cedidas en el ámbito de esta colaboración deberán estar vacías en el momento de la entrega, y de la otra mitad, algunas podrían estar ocupadas por los propietarios que se encuentren en situación previa al lanzamiento judicial, con lo que se busca regularizar su situación en la vivienda mediante la suscripción de un contrato de alquiler social, con el fin de proporcionarles estabilidad y seguridad jurídica.
28 municipios. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Responsabilidad Social Corporativa de Sareb, Gaspar González Palenzuela, cifraron en 28 el número de municipios en los que se encuentran el centenar de inmuebles que todavía mantiene en su cartera la Sareb, entre ellos, todas las capitales.
Los municipios donde están ubicadas son Ávila, Soria, Zamora, Burgos, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Palencia, venta de Baños, Salamanca, Cabrerizos, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Villares de la Reina, Segovia, La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia, Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cigales, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Tudela de Duero y Zaratán.
Las casas que el ‘banco malo’ está pendiente de entregar a la consejería irán a parar a las personas más desfavorecidas, tal y como destacó Súarez-Quiñones en la presentación del acuerdo. El titular de Fomento deseó en aquel momento que el acuerdo suscrito con la Sareb no sea el único y en un futuro se incorporen más paquetes. También defendió que la vivienda constituye un «bien esencial» y razonó que no tiene sentido en los tiempos actuales un modelo de acceso en propiedad, de ahí la apuesta por el fomento del alquiler.
Suárez-Quiñones se congratuló en su momento de la «gran importancia» que tiene el acuerdo, y aseguró que su departamento «tiene a gala», líneas en materia de vivienda de alquiler para el acceso a personas desfavorecidas. Y recordó el acuerdo alcanzado en las mesas del Diálogo Social en la materia y la «especial dimensión» que cobra el parque público de vivienda.