El pliego contempla una  condición especial de ejecución, que impone que «el personal contratado para la gestión de las infracciones generadas sea de género femenino».

No se trata sólo de una recomendación, sino que se especifica qué penalización tendrá que afrontar la empresa por cada jornada en la que se incumpla:313 euros.

Una razón más que de peso para no saltarse esa condición, puesto que agotado el tiempo del contrato sin atenerse a la misma significaría que la empresa tendría una sanción de 456.980 euros. De acuerdo al artículo 202 de la Ley 9/2017, se pueden generar condiciones de carácter social o medioambiental. En este caso va encaminada "a favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral".