La cancelación de consultas porque los pacientes plantan al médico y no anulan su cita cuesta 140 millones al año a la Gerencia Regional de Salud, más del doble de lo que dedica la Consejería de Sanidad al programa de salud pública o lo que equivale al gasto farmacéutico de tres meses. Este impacto estimado sale de multiplicar el coste de una consulta de Atención Primaria (médico de familia, enfermera o pediatra), que es de 70 euros, por los 2,77 millones de citas a las que los pacientes no acuden cada año. A ello habría que sumar las consultas especializadas y las intervenciones quirúrgicas que se cancelan por el absentismo de los usuarios -lo que eleva los datos a cifras astronómicas teniendo en cuenta que son más caras-, y las consecuencias que el uso ineficiente de los recursos sanitarios tiene para el resto de la población y para la gestión del propio sistema, caso de las siempre polémicas listas de espera.
Estos datos «invitan a la reflexión» en medio de la borrasca tras conocerse que el Ministerio de Hacienda trabaja con un catálogo de 255 propuestas de racionalización del sector público que incluye, entre otras medidas, el copago por no acudir a una cita programada o no retirar pruebas diagnósticas. Pese a que el propio ministro, Cristóbal Montoro, ha descartado que se vayan a aplicar, son medidas duras que están encima de la mesa para ser discutidas este jueves, 31 de julio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, es más partidario de avanzar en eficiencia para mejorar en el funcionamiento de la Administración. En lo que le toca -75 medidas en el ámbito de la salud-, dice que hay algunas cuestiones técnicas, con un debate de fondo, y otras de decisión política por las demandas y la situación de algunas autonomías. En todo caso, duda de que se vayan a implantar nuevos copagos que supongan sacrificios para los usuarios del sistema.
No obstante, en este contexto, llama a la responsabilidad de los pacientes en el uso racional del sistema sanitario, teniendo en cuenta que «el sistema es de todos». «La responsabilidad de la sanidad la tenemos las administraciones, los servicios de salud y los profesionales, pero también los pacientes. Por esta vía también se producen ineficiencias», afirma, para defender que aunque no es fácil corregir con medidas punitivas o sancionadoras estas conductas, sí «se podría programar una media administrativa que se concentrara en los pacientes reincidentes, aunque es complicado porque prima el derecho a la salud y a la prestación sanitaria».
Datos. Por lo que respecta a los datos concretos, en el último año en Castilla y León se suspendieron 2,77 millones de consultas porque los pacientes no acudieron a su cita con el médico de familia, enfermera o pediatra, lo que se traduce en cerca de un 10 por ciento de las 29,49 consultas realizadas. En el caso de atención especializada, se suspendieron más de 108.400 de 1,33 millones, el 8,1 por ciento; y en pruebas sucesivas, el 7,5 por ciento (220.935 de 2,94 millones).
Las cifras de intervenciones quirúrgicas son menores, pero se trasladan en 962 pacientes que no fueron a operarse o declinaron dar su consentimiento a las puertas del quirófano. Se trata de un 0,8 por ciento de la actividad quirúrgica programada, y un 17,2 pro ciento de las 5.500 que se suspenden cada año, el ratio más alto, teniendo en cuenta que el 13,7 por ciento se cancela por motivos médicos (fiebre, complicaciones...); el 16 por ciento, porque la operación anterior se alargó; el 6,3 por ciento, porque no estaba preparado el paciente; el 3 por ciento, por una operación de urgencia, y el 0,73 por ciento, por falta de camas.
Finalmente, la fuga de urgencias hospitalarias, es decir, la gente que acude, pide ser atendida y se marcha antes de ser recibido por el médico representa el 0,4 por ciento de los 837.544 casos registrados en el último año.