Nuevo giro en el caso Bolinaga. La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) pedirá a la clínica Donostia de San Sebastián que amplíe el informe que remitió sobre la salud del preso etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas en demanda de su excarcelación para ser atendido de un cáncer. Además, indicó que estudiará el asunto y no se pronunciará antes de 15 días, ya que también quiere contar con la opinión de los responsables de la cárcel de Zaballa (Álava) y los Servicios Centrales Penitenciarios para saber si el tratamiento lo puede recibir sin salir del centro.
Así lo indicaron fuentes jurídicas que señalaron que el dictamen médico remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el que se señalaba que la situación del etarra era «irreversible», no cuenta con «historia clínica», no dispone de «antecedentes» y no está firmado por «personas concretas», sino por una «comisión».
El reo, que fue condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, se encuentra en una situación clínica en la que «más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento», según reza el documento clínico elaborado por la Comisión Médica del servicio vasco de salud Osakidetza.
Esta decisión del Ministerio Público fue duramente criticada por la izquierda abertzale a través de su plataforma Herrira, que la considera «una broma macabra y un brutal atropello contra los derechos humanos».
Entre tanto, Instituciones Penitenciarias hizo llegar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional los datos sobre el historial clínico y la identidad de los médicos que elaboraron el informe sobre Josu Uribetxeberria Bolinaga. Toda esta información se incorporará al expediente de libertad condicional de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa, que se acaba de remitir a la Audiencia Nacional, «con la expresa referencia al juez de que le dé traslado a la Fiscalía».
Fuentes de este organismo explicaron que en el caso del secuestrador se han seguido los mismos procedimientos que en otros casos. En ese sentido, insistieron en que el trabajo «es oficial», remitido por «vía oficial con el sello del hospital y firmado por un equipo médico» ya que, según explican, el preso etarra fue atendido por «un equipo multidisciplinar».
Este nuevo desafío de la organización criminal al Estado de Derecho vivirá otro día conflictivo el próximo viernes, fecha en la que se ha convocado una manifestación en favor del reo y que coincide con las fiestas de Bilbao. Tanto Dignidad y Justicia como la AVT ya han solicitado al Juzgado de guardia en la AN que la prohíba.
AMNISTÍA. Mientras, la presidenta de UPyD, Rosa Díez, registró una pregunta en el Congreso para saber si el Gobierno, tras conocerse su plan para atraer a presos de ETA huidos en el extranjero, piensa «amnistiar a los terroristas como ha hecho con los defraudadores» con la llamada amnistía fiscal.
La actividad parece frenética en Interior, ya que sacó de la cárcel de Pamplona a Iñaki Erro para retornarlo a la de Almería, a pesar de las exigencias abertzales, que entienden que tiene problemas de salud.
Además, el Tribunal Constitucional se pronunciará hoy sobre los recursos de 16 reos para que inapliquen la doctrina Parot en sus penas amparándose en la reciente resolución de Estrasburgo.