Las Cortes de Castilla y León pidieron hoy al Gobierno, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la abstención de Podemos y el voto en contra del PSOE, la paralización de la “caprichosa decisión” de desmantelamiento de la explotación del yacimiento de hidrocarburos de Ayoluengo (Burgos) e iniciar la convocatoria para una nueva concesión, en una propuesta calificada por los socialistas de un “brindis al sol” cuando el anterior Ejecutivo no hizo nada.

La proposición no de ley fue defendida por el procurador del PP Ángel Ibañez, que la enmarcó en el objetivo de salvar a la empresa en la confianza de que los grupos estuvieran con “la gente” y no en posiciones “ideológicas”, de “sectarismo” y de “discriminación” de la Comunidad.

Sin embargo, en el debate se produjo un cruce de acusaciones entre Ibañez (PP), Luis Briones (PSCyL) y Félix Díez (Podemos), ya que el primero acusó de “mentir” a ambos procuradores en sus intervención y los segundos apuntaron a un anterior Gobierno que no hizo nada para mantener abierta la explotación.

En su texto, planteó paralizar “la irresponsable e injustificada” orden de desmantelamiento del Gobierno de España a la empresa concesionaria de la única explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado en la Comunidad, en concreto en Ayoluengo (Burgos).

Luis Briones (PSOE) y Félix Díez (Podemos) acusó al anterior Gobierno de “no hacer nada” y dejar caer la explotación, mientras que Ángel Ibañez les acusó de subirse a la tribuna para decir “mentiras más altas que la Catedral de Burgos” y relató una serie de trámites realizados desde que a finales de 2016 terminó la concesión hasta la orden oficial para extinguir los trabajos y convocar el concurso de hidrocarburos.

Como “una función de teatro, una comedia y ponerse el buzo electoral” calificó Díez la propuesta de resolución presentada por el Grupo Popular, a quien recordó la moción aprobada en el Senado a instancia del senador burgalés Arturo Pascual sobre la que el Gobierno de Rajoy no hizo nada.

“Es un insulto a la inteligencia y un brindis al sol”, definió Briones la propuesta del PP, a quien recordó que desde el cierre en marzo de 2017 y la aprobación del decreto de cese de actividad nada hizo. “Dónde estaba el PP de Herrera”, preguntó. “Culpe a su Gobierno, que no hizo los deberes y dejó tirada a la empresa y a los trabajadores, no al PSOE”, sostuvo.

Ante ese escenario, Briones recalcó que el PSOE, al llegar al Gobierno, se limitó a “expedir el certificado de defunción” dejado por el anterior Ejecutivo, algo que rechazó Ibañez que acusó a los socialistas de actuar por un “capricho ideológico”, que crea dudas a las empresas que se quieran instalar. “Es una defunción antológica, no una transición justa”, anotó. “Es un atropello a Burgos”, calificó, para calificar de “indecente” la posición de PSOE y Podemos.

El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado arremetió contra el PP y el PP, en lo que calificó de "crónica de una muerte anunciada", y acusó a mabos de "desidia" con una zona de la comarca de Burgos afectada ya por el cierre de Garoña y sin alternativas para mantener la actividad.

En concreto, además de la petición de parar la orden de desmantelamiento, el texto aprobado pide que se inicie de inmediato, sobre los pliegos que redactaba el anterior Gobierno, la convocatoria de concurso de explotación público para la adjudicación de una nueva concesión de explotación en el de explotación del yacimiento de hidrocarburos ubicado en Ayoluengo (Burgos).

También que subsidiariamente se adopten con carácter inmediato las medidas económicas oportunas para compensar la “caprichosa decisión” de desmantelamiento dela explotación y favorecer el mantenimiento del empleo, aplicando incentivos económicos que garanticen la fijación de población y actividad en la comarca.

En su exposición, Ibañez recordó que cuando estaban muy avanzados los trabajos de elaboración del pliego para este nuevo concurso se produjo el cambio de Gobierno, que en estos 5 meses no ha ofrecido ninguna explicación clara sobre cómo se encontraba el proceso, pero añadió que el 5 de noviembre se ha conocido un comunicado de prensa por el cual se da cuenta de la notificación del Gobierno a la empresa Columbus Energy Resources para obligarles al desmantelamiento de la planta de Ayoluengo en La Lora sin más explicaciones, tras 50 años de explotación.