El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha terminado el derribo integral del inmueble de la calle Vallejo, ubicado en el Barrio Santiago, tal y como le exigió hace unos días en un auto el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia.

El regidor barruelano, Javier Calderón, ha adelantado a DP,  que las acciones para culminar el derribo total de las estructuras se han terminado ya y así se cumple con la sentencia judicial de un caso que ha causado muchos quebraderos de cabeza al Consistorio del valle de Santullán.

 El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, Victoriano Lucio Revilla, estableció  en su último auto -que le fue comunicado hace casi dos semanas al equipo de Gobierno- que se continuase con la «demolición total hasta dejar el solar como estaba antes de haberse procedido a construir la edificación ya derruida». El magistrado exigía  la retirada de los muros y los restos del forjado, así como la escalera.

Algo que estableció se acometiese en el plazo de diez días y «aprovechando que comenzaba el buen tiempo y que las inclemencias de la zona habrían quedado mitigadas con la llegada de la primavera, lo que permitiría una mayor seguridad para el desarrollo de las tareas constructivas».  

Parece ser que con esta actuación se cierra ya el último capítulo de un caso que se iniciaba hace más de cuatro años.  

desde abril de 2012. En abril de 2012 el mismo Juzgado de la capital dictaba una sentencia en la que se establecía la demolición, en un plazo de tres meses por el promotor o subsidiariamente por el Ayuntamiento, de la construcción levantada en el Barrio Santiago, con la reposición de la vía a su anterior estado y sin invasión del dominio público municipal, porque «no era compatible con el planeamiento urbanístico».

El mismo magistrado dictó en diciembre de 2014 un auto por el que ponía una sanción de 1.500 euros mensuales  a cada uno de los ediles de la Corporación Municipal, de la que posteriormente se eximió del pago a todos salvo al regidor de entonces. Un mes después se celebró un pleno para explicar la sentencia, tras ello los grupos de la oposición pidieron la dimisión de Alejandro Lamalfa, que a finales de marzo de 2015 la hacía efectiva.

La nueva Corporación surgida tras las Elecciones Municipales -formaba inicialmente por un gobierno de concentración con todos los grupos- iniciaba el derribo en julio del pasado ejercicio. Sin embargo, la acción se quedaba en suspensión al solicitar el propietario unas medidas cautelares. Finalmente en octubre la denunciante pidió la ejecución de la sentencia que sí que llevó al derribo un mes después.

Sin embargo Victoriano Lucio Revilla consideró que no se había realizado «de forma íntegra», y este enero estableció otra sanción de 1.500 euros mensuales al alcalde hasta que no llevase a cabo el derribo total. Precisamente algo en lo que se había reiterado en su último auto de hace dos semanas en el que también  insistía en que hasta que no desapareciesen los elementos constructivos que quedaban, la imposición de las multas coercitivas persistiría.

Las actuaciones se han culminado hace unos días, algo que  se ha comunicado  al magistrado con cuya sentencia se ha cumplido finalmente y en el tiempo establecido.