La Junta convocará en junio las ayudas de 426 euros para parados

SPC
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Dotada con 10,5 millones, podrán solicitar este apoyo todos los que pasaron por el Prepara y el PIE anterior, aunque se definirán nuevos colectivos si no alcanzan los 4.000 solicitantes

Junta y sindicatos han cerrado un acuerdo para la convocatoria de los 10,5 millones consignados para el Programa Personal de Inserción y Empleo (PIE), la ayuda de 426 euros para desempleados sin prestación durante seis meses vinculada a un plan de formación específico para encontrar trabajo. El compromiso conocido por Ical, se suscribirá de forma formal el próximo lunes durante una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo General de Empleo, con el objetivo de que la convocatoria salga publicada a finales de mayo o comienzos de junio y que pueda ser solicitada durante un periodo de dos meses; para empezar resolverlas en agosto (también se establecerá un plazo de dos meses para las resoluciones) y poder pagar las primeras ayudas en septiembre.
Fuentes negociadoras destacaron las dificultades que han tenido para cerrar un acuerdo, sobre el colectivo objetivo de estas ayudas, para que no chocaran con las estatales, sobre todo con la nueva del Programa Especial de Activación para parados de larga duración con cargas familiares, y no tuviese una amplitud desmesurada para la cuantía pactada en el Plan de Estímulos, informa Ical.
Finalmente, según destacaron las mismas fuentes, se ha decidido incluir como colectivos objetivo «a todos los que han pasado por los planes Prepara (ayuda estatal) y PIE anterior», que constituyen un grupo integrado por unas 10.800 personas, que en principio podrían pedirlo. Esas personas, expusieron, constituyen un cifra global, pero no todos entrarían, ya que algunos habrían encontrado trabajo o estarían cobrando otras prestaciones y se estima que entre el 35 y el 40 por ciento de los mismos, unos 4.800, podrían optar realmente a estos apoyos autonómicos, con lo que se cubriría totalmente el presupuesto consignado.
Los sindicatos pretendían en un principio incluir a todos aquellos parados de larga duración de la Comunidad, que no pudieran beneficiarse de las ayudas estatales del Programa Especial de Activación, porque no tuviesen cargas familiares, algo que rechazaron los negociadores del Gobierno autonómico, por considerar el colectivo demasiado amplio como para poder atender las necesidades con las partidas previstas.