Lo que no unen las siglas, que lo hagan los residuos. PP, PSOE e IU no tuvieron reparos en constituirse en unión de hecho.
Fueron de la mano, en ocasiones con matices, pero a fin de cuentas lograron una propuesta conjunta para oponerse al proyecto de instalación de una planta de gestión de residuos en Valderredible (Cantabria) y para solicitar a la Junta que retire el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, impuesto del que informó este rotativo hace una semana y que motivó una consulta en la última Junta de Gobierno de la Institución Provincial.
Sin embargo, como en toda relación, hubo algunas diferencias y aunque ninguna de las formaciones optó por disolver esa unión y primó el diálogo, los peros ahí quedan.
Mientras que el PP argumentó su no al proyecto de Valderredible en que «no se ajusta a la normativa, no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental ni Autorización Ambiental Integrada» y en que no parece responder a «ningún interés» de la provincia, según apuntó Mario Granda, su portavoz, y el PSOE, por boca de Jesús Guerrero, calificó la iniciativa como «descabellada» y amenaza para el «modelo actual de desarrollo de la comarca», desde IU se le recordó a los populares que no hace tanto, en septiembre del pasado año, una propuesta idéntica, la de oponerse a la instalación de una planta de gestión de residuos en Tierra de Campos, en Ampudia, «fue rechazada». Félix Iglesias vio cierto «paralelismo» entre ambas mociones, algo que le llevó a reflexionar sobre por qué no se apoyó la iniciativa contra la instalación de Ampudia, y ahora se solicita a otra Comunidad, la cántabra, que frene el proyecto que afectaría a varios municipios de la zona norte.
Paralelismos no, pero sí alguna fisura, es lo que se detectó en la segunda de las mociones que se aprobó por unanimidad.
La que lleva a a la Diputación a solicitar a la Junta que retire el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, incluido en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Admistrativas y Financieras que se está tramitando en las Cortes o, que si éste ha de ser aplicado, se demore para convocar a las entidades locales que gestionan infraestructuras para el tratamiento de residuos con el fin de acordar el procedimiento a establecer para determinar la base imponible y la fracción de residuo susceptible de valorización.

coste. El PSOE sostuvo que hay «afán recaudatorio», en palabras de Miguel Ángel Blanco. «La Junta echa más lastre. Los ciudadanos salen perjudicados, porque son los que tendrán que pagar y las empresas perderán competitividad al incrementar sus costes de producción», aseveró.
El PP apeló a la responsabilidad en este punto. «Estoy a favor de prevenir problemas, que no sé si es lo mismo que decir que estoy a favor de la tasa», explicó José María Hernández para justificar una tasa que, en su opinión, trata de dar un impulso a la gestión idónea de los residuos.  «El objetivo era reciclar el 70%, y estamos al revés. Un 70% va a vertedero y solo se recicla un 30%. Eso acorta la vida de las instalaciones».
Izquierda Unida apoyó el sentido de la ecotasa pero no comulgó con ciertos «trucos» que, desde su punto de vista, deben ser corregidos. «Resulta más caro lo que debía ser más barato. Los residuos valorizables veinte euros por tonelada y los no valorizables, siete euros por tonelada», expuso su portavoz.