El empresario, incluidas las administraciones públicas, tiene el deber de proteger a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando su salud y seguridad en todos los aspectos relacionados con su trabajo, evaluando dichos riesgos, adoptando medidas para evitarlos e integrando la actividad preventiva en la empresa.

Esta es la teoría que en toda guía laboral se expone al objeto de que se apliquen medidas y se empleen las herramientas necesarias para establecer una política de prevención de riesgos en cada centro.

Los resultados estadísticos son la base sobre la que poder analizar si se están llevando a buen término  estas prácticas y las cifras de los últimos años reflejan un descenso esperanzador. Pero las lecturas que se hacen desde unos y otros ámbitos muestran los diferentes puntos de vista que hay en torno a este tema, en el que las administraciones y los empresarios reflejan un optimismo con el que no están de acuerdo los sindicatos.

Tomando como base los datos referidos al acumulado en junio, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales han disminuido en la provincia respecto a 2017. En este periodo, el año pasado se produjeron 2.854 accidentes, mientras en 2018 han sido 2.664. «Se trata de un dato objetivo interesante pues, pese al incremento de la actividad y la cantidad de contratos temporales, el número de accidentes ha descendido», argumenta Javier de la Torre Antolín, jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia.

Así, la temporalidad de los contratos influye en la siniestralidad, pues a más tiempo en el puesto de trabajo, más experiencia y profesionalidad. «Si un trabajador está poco tiempo, tiene más posibilidades de que sufra un accidente. Hay que tener en cuenta que el 35% de los contratos apenas llega a una semana», añade De la Torre.