Las comunidades autónomas toman posiciones de cara la futura batalla por la financiación estatal. Cataluña fundamenta sus argumentos para lograr más fondos en atacar a otras. Especialmente a Castilla y León. Así, el análisis remitido por la Generalitat critica expresamente a la Comunidad porque, a su juicio, «dispone de recursos muy superiores a la media con una presión fiscal menor», lo que traducido viene a decir que aquí se pagan pocos impuestos y llega más dinero del Estado.
En este argumentario, Cataluña critica que la bajada de las bases tributarias en algunas autonomías supone una «falta de responsabilidad» y «conduce a un conjunto de disfunciones como son la ‘ilusión fiscal’ o percepción de que es posible un nivel de servicios públicos sin tener en consideración los costes fiscales correspondientes». Una clara alusión a Castilla y León, entre otras autonomías, que fundamentan sus propuestas para reforma del sistema de financiación en la necesidad de que cubrir el coste de los servicios que se prestan en el territorio.
Estas apreciaciones figuran en el informe global elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre los estudios presentados por las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto País Vasco y Navarra) sobre la aplicación del actual modelo de financiación, al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de un resumen donde se sintentiza la posición de cada comunidad y que servirá como base para negociar en un futuro la reforma del sistema.
En sus aportaciones, Castilla y León también se refiere a los impuestos que gestionan las comunidades. Según la Junta, «los tributos totalmente cedidos no han contribuido a garantizar la financiación suficiente debido a la caída recaudatoria de los mismos que no es sólo consecuencia de la crisis actual».
Sin citar a Cataluña ni otras comunidades en este aspecto, el resume sobre el análisis de Castilla y León pone de manifiesto que existen limitaciones en el modelo de financiación que impiden a las diferentes autonomías adecuar los tributos a sus necesidades pues siempre tienen que someterse a normas estatales y tienen una limitación normativa pues lo que no está autorizado por el Estado se entiende que está prohibido.
Financiación per cápita. Cataluña se encuadra dentro del grupo de autonomías que defiende la financiación por habitante. Es decir que el reparto del dinero se realice de acuerdo con la población, principalmente, dado que es una de las comunidades más pobladas y eso jugaría a su favor.
«La población es ya un indicador sintético de las necesidades de gasto de las comunidades, por lo que no sería necesario introducir, a priori, otros elementos que determinen diferencias entre autonomías», señala en las conclusiones resumidas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La fijación de Cataluña no sólo se centra en Castilla y León, sino que engloba dentro del mismo paquete del que considera que son comunidades beneficiadas del sistema de financiación a La Rioja.
Fondo de Cooperación. La baja presión fiscal no es el único argumento que utiliza la Generalitat de Cataluña para criticar la financiación que recibe Castilla y León, sino que también hace referencia a los instrumentos que recoge el sistema para corregir aportaciones. En este sentido, pone de manifiesto que Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León perciban recursos del Fondo de Cooperación, aunque reciban ya más que la media del Fondo de Suficiencia.