El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del denominado caso de la ‘Perla Negra’, dictó auto de imputación contra doce personas, entre ellas los que exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, otros cuatro excargos de Gesturcal y ADE y seis empresarios más por distintos delitos relacionados con la compra del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo y de terrenos para el fallido polígono de Portillo.
El juez, además de los dos exviceconsejeros, mantiene la imputación sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, exconsejero delegado de Gesturcal-ADE; Salvador Molina, director gerente de Gesturcal y director general de proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.
Asimismo, el auto recoge la imputación de seis empresarios, los responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio, Ángel Román Montes y Germán José Martín, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva , exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
El auto también dicta el sobreseimiento respecto de José Rodríguez Sanz Pastor, Pilar Manteca, Jesús Jiménez Miguel, Luis Mª García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.
El juez argumenta que el equipo de la Consejería de Economía, a las órdenes de Tomás Villanueva, actuó en connivencia con Urban Proyecta para la compra del edificio de Arroyo y para adquirir terrenos con destion al Parque Empresarial de Portillo, que nunca llegó a construirse.
El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.
Urban Proyecta contó con información «privilegiada» facilitada por los altos cargos de Economía y Empleo, según el auto, que explica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma se adquiere a un precio muy superior al barajado en la opción de compra. En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención de la Comunidad que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE ni por la Consejería de Economía o la de Hacienda.
En el caso de Portillo, el juez asegura que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para «favorecimiento» de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva.
El auto da un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas en la causa soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento, según informa Ical.