Los exdirectores financieros de Caja España y Caja Duero, Antonio Fernández y Arturo Jiménez respectivamente, y el director comercial de Caja España, Óscar Fernández Huerga, aseguraron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que las entidades financieras eran solventes en el momento de la emisión de las participaciones preferentes y deuda subordinada. Es más, llegaron a sugerir que si no «llega a ser» por los decretos de Luis de Guindos, hubieran sido «algo exitoso».
Así lo manifestó el abogado de la acusación, Santiago Díez, tras la vista que se desarrolló con mayor celeridad que la registrada el pasado miércoles, cuando declararon los presidentes y directores generales de las entidades, imputados por «idear» presuntamente la comercialización de estos productos «a costa y en perjuicio de los clientes».
Durante la declaración, «el espíritu ha sido el mismo», aseguró Díez, ya que los citados han eludido toda responsabilidad en el desarrollo de las preferentes. La participación de De Guindos, cambió el escenario económico, y en eso se escudan: «fueron intervenidos porque los decretos de Luis de Guindos obligaban a tener una serie de dotaciones que no tenían», y es que «ellos dicen que eran solventes en el momento de emitir las preferentes» y que «las cuentas fueron aprobadas por el Banco de España», subrayó Díez.
El abogado de la UCE Castilla y León, que representa a 400 afectados por estos productos financieros complejos, apuntó que los imputados negaron que se recibiera ninguna instrucción respecto del público al que debían ir dirigidos, sin embargo, «los documentos confirman que cualquier tipo de economía doméstica o minorista era apta para esta comercialización». Motivo por el que llamó la atención sobre los procedimientos judiciales en los que «las nulidades por falta de información está cercana al 95 por ciento». «O los jueces están equivocados o alguien no está diciendo la verdad», reflexionó.
Es el caso de Carmen, una extrabajadora de Caja Duero que compró participaciones preferentes y a la que «estafaron», según relató a las puertas de la Audiencia Nacional. Carmen es parte de ese 95 por ciento de casos nulos, pero que la entidad tiene recurrido. Motivo por el que esta prejubilada de la entidad desde 2007, no confía en que la declaración de los exdirectivos de las cajas vaya a resolver la situación, «no va a servir para nada», y aunque haya una condena «no van a entrar en prisión ni van a pagar».