El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmo, manifestó ayer su temor de que el copago farmacéutico que está previsto entre en vigor a partir del 1 de julio, afecte a la salud de las personas con menos recursos económicos, como parados, pensionistas y personas con empleos precarios, además de no tener en cuenta «si son enfermedades raras o crónicas».
En este sentido, señaló que los pensionistas, algunos de ellos «con rentas de 500 ó 600 euros», tendrán un menoscabo importante en su solvencia económica ya que esta franja de edad es la que más medicamentos consume. «El Gobierno alardea de que les ha subido un 1% sus pensiones, pero ahora quizá tengan que adelantar o gastar 50 euros en medicamentos, lo que supone cerca de un 10% de su renta. Eso podría llevar a algunos pacientes a no adquirir sus medicamentos, con lo que sus enfermedades podrían hacerse más intensas y cuyo coste de tratamiento por parte de la Sanidad Pública fuera más caro que lo que se recauda con esta medida», indicó Martínez Olmos, que recordó que este copago se extiende también a las prótesis y al transporte sanitario no de emergencias.
«Creemos que este decretazo del PP en esta materia atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que plantearemos una cuestión de inconstitucionalidad de este decreto, porque, por ejemplo, deja sin atención a los extranjeros que se encuentran de forma ilegal en nuestro país. Eso es xenofobia. Además, si esas enfermedades son infecciosas, se atenta también contra la salud de los ciudadanos españoles», afirmó Martínez Olmos ayer en Palencia, durante una jornada sobre Sanidad organizadas por la Fundación Perspectivas. Recordó que «este decretazo sólo ha salido adelante con los votos del PP y con la oposición del resto de partidos que componen la Cámara.
Igualmente, puso de manifiesto que este decreto interfiere dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas.
La jornada estaba destinada a ciudadanos, cargos públicos y profesionales y, tras la charla de Martínez Olmos, también intervinieron varios representantes de sindicatos del sector sanitario, procuradores y cargos públicos del PSOE.
Martínez Olmos estuvo acompañado en el inicio de las jornadas por el secretario regional del PSOE y diputado nacional por Palencia Julio Villarrubia, que centró su discurso ante los periodistas en la problemática del sector minero (información en página 25).
Caso Dívar. Julio Villarrubia, que ocupa el cargo de portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, se mostró ayer partidario, tras la dimisión de Carlos Dívar, de que se proceda de forma consensuada a una solución, que pase por el nombramiento de forma «urgente» de un nuevo presidente «que prestigie el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».
«Probablemente, mirando hacia afuera, la mejor solución en estos momentos es pensar en alguien que no esté contaminado», dijo. Por ello, el dirigente socialista sostuvo que su posición política debe limitarse ahora al hecho de que «no se puede mantener de manera tan grave el actual deterioro» que está sufriendo uno de los principales poderes del Estado.