El Ayuntamiento de Palencia ha abierto 22 expedientes sancionadores a las empresas ONO, Jazztel y Telefónica por la incorrecta instalación de antenas Wi-Fi y cajas de fibra óptica en la capital.
Concretamente, el Servicio de Disciplina Urbanística ha incoado 19 expedientes a la empresa ONO por la instalación de antenas Wi-Fi en diferentes fachadas de edificios de la ciudad, que culminaron con una multa total de 19.000 euros, 1.000 por cada expediente, y la retirada de las antenas por parte de la operadora, lo que permitió rebajar a 9.500 euros la multa.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha atendido 16 quejas sobre el despliegue de redes de fibra óptica en Palencia por parte de Jazztel (Orange) y Movistar, de las que tres han acabado en expedientes sancionadores y en otras tantas multas coercitivas con las que el Consistorio busca que se restaure la legalidad.
El resto de quejas se ha cerrado bien porque la empresa ha legalizado la instalación, bien porque se ha llegado a un acuerdo con la comunidad de vecinos, bien porque se han desinstalado las cajas de fibra.
La instalación en fachada es una de los dos formas en las que estas operadoras -o sus subcontratas- despliegan la fibra óptica en la ciudad; la otra es utilizar la infraestructura soterrada existente.
Desde el Ayuntamiento explican que tanto Jazztel (Orange) como Telefónica disponen de las correspondientes licencias (declaraciones responsables) para acometer el despliegue de fibra óptica, el problema es que en esos planes no se especifica al detalle, comunidad por comunidad, la colocación de las cajas.
Y aquí es donde han surgido los pocos problemas que esta mejora tecnológica ha deparado en la capital palentina, ya que las empresas solo pueden colocar estos dispositivos con la autorización de la comunidad de propietarios según la Ley de Propiedad Horizontal, aunque, por otra parte, el despliegue tecnológico está avalado por la Ley de Telecomunicaciones.
La gran mayoría de los expedientes sancionadores abiertos por la Concejalía de Urbanismo data del comienzo del proceso de despliegue de la fibra óptica por parte de Jazztel (Orange) y Movistar; y de las primeras cajas Wi-Fi que, en teoría, iban a permitir que los clientes de ONO pudieran conectarse a Internet en la vía pública.
Cuando el Consistorio recibe la queja de un propietario, el primer paso que da es mandar a la Policía Local a que compruebe la instalación y requerir a la empresa instaladora que presente una licencia de obras para proceder a la restauración de la legalidad, trámite para el que tiene un plazo máximo de tres meses, explican desde el Consistorio.
Si transcurridos esos tres meses no se ha cumplido con el mandato municipal, el Consistorio comienza a poner multas: 1.000 euros al mes hasta un máximo de 10 meses mientras no proceda a la restauración de la legalidad o quite la instalación.
El siguiente paso sería la ejecución subsidaria, es decir, que sea el Ayuntamiento el que desmonte la instalación y luego cobre su ejecución a la empresa, pero esta medida no se ha tomado en ningún caso de los antes planteados.
Por otra parte, como la empresa estaría cometiendo una infracción, se abre también un expediente sancionador que suele acarrear una multa leve que va de 1.000 a 10.000 euros.
La lucha de un propietario para que retiren las cajas de fibra óptica de su local
Uno de los ejemplos de propietarios que se han plantado ante las operadoras de fibra óptica es el de H.F.G., propietario de de un local comercial en la calle Eras del Bosque. En 2014, Movistar colocó un cajetín de comunicaciones que, según argumenta, le impide acometer futuras reformas «puesto que está en medio de un muro [de separación con el portal contiguo] y no le permite colocar el escaparate del local».
Este palentino presentó quejas en Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, OMIC y Procurador del Común pero lejos de ser atendidas por la operadora, este año la otra firma, Jazztel (Orange), ha colocado otro cajetín para su red de fibra óptica.
El Ayuntamiento solicitó a la empresa responsable su retirada, pero como no se atendió la reclamación, el Consistorio ha abierto un expediente de restauración de la legalidad urbanística.
Una de las tres multas que el Consistorio ha puesto es por este caso.
Los propietarios y la vía civil
Las comunidades de vecinos o propietarios que no estén conformes con la instalación de antenas Wi-Fi o cajas de fibra óptica en sus fachadas tienen otra opción, la de ejercer las acciones civiles contra las empresas por la instalación sin autorización de la propiedad.
Este, en todo caso, es un proceso judicial paralelo al que lleva a cabo el Ayuntamiento, que permitiría resolver la disputa entre la empresa y el propietario.
Este es uno de los dilemas a los que se enfrenta el Servicio de Urbanismo en este tipo de asuntos, ya que plantear un expediente de ejecución subsidiaria supone entrar en una disputa particular, de ahí que salvo que sea un caso con un claro interés público -que se esté lesionando el patrimonio o atente contra la protección de bienes protegtidos- el Consistorio no toma parte.