El frente secesionista catalán sufrió ayer dos serios reveses. Justo cuando la agencia de calificación crediticia Fitch situaba el rating de la región en vigilancia negativa para un posible recorte, por las tensiones que mantiene con el Gobierno por la convocatoria de la consulta, el pleno del Constitucional admitía a trámite por unanimidad los recursos presentados por el Gobierno contra la Ley de consultas, aprobada por el Parlament hace 11 días, y el decreto de convocatoria de consulta de soberanía, firmado el pasado sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas el pasado sábado.

El cónclave, en el que participaron los 12 magistrados que lo componen, duró poco más de una hora. Tanta celeridad fue objeto de comentario en la nota que facilitó a los medios este organismo público. Yes que esta rapidez en su resolución obedece a la «trascendencia constitucional y política» de las cuestiones planteadas.

«La decisión del pleno de no demorar su resolución (limitada a comprobar la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos) obedece a que el Tribunal Constitucional es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana», reza el comunicado. La nota informativa del TCafirmó que, tras la admisión a trámite, «quedan en suspenso todas las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurrido».

Asimismo, fuentes del Constitucional recordaron que con la admisión de las herramientas empleadas por el Ejecutivo, «quedan en suspenso las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos».

De este modo, la admisión supone la suspensión de la vigencia de ambas resoluciones porque el Gobierno así lo ha solicitado, invocando la posibilidad de veto que le otorga la Constitución para congelar las normas autonómicas, tal y como indica la providencia aprobada por el pleno. El recurso cumplía los requisitos exigidos por la ley: está firmado por el presidente del Gobierno, está dentro del plazo establecido para la impugnación de leyes, e invoca el artículo 161.2 para que la ley y el decreto queden suspendidos.

En principio, ambas normas quedan suspendidas durante un plazo máximo de cinco meses. En ese tiempo, tendrá que decidir si las mantiene en suspenso, sine die, o revoca su decisión, que sí ha de estar motivada. En su recurso, la Abogacía del Estado reclamaba que se declarase suspendido tanto el decreto como «sus anexos y las restantes actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la convocatoria de dicha consulta, así como de cualquier actuación vinculada a la referida consulta desde la fecha de interposición» del recurso.

periódicos oficiales. Para ello, la representante del Ministerio Público, Marta Silva, pidió que se le comunique «al presidente de la Generalitat» la suspensión y que se publique «en los periódicos oficiales autonómico y estatal el alcance» de la decisión del TC.

Igualmente, los jueces acordaron dar traslado de las demandas al Congreso y al Senado, así como al Parlament y al Govern, que tienen un plazo de 15 días para personarse en el recurso presentado contra la ley, y otro de 20 para participar en el procedimiento relativo a la impugnación del decreto.

Las partes dispondrán de idénticos plazos para, en cada caso, formular sus alegaciones. También se designaron a los magistrados que serán los ponentes de las sentencias que se dictarán en su día, y que serán el conservador Pedro González Trevijano para el recurso contra la Ley de consultas, y el progresista Juan Antonio Xiol para el presentado contra la convocatoria del 9-N. Se da la circunstancia de que éste fue uno de los seis magistrados del Supremo que emitió un voto particular contra la prohibición de Bildu en 2011.

  Desde el tribunal se advierte que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos, que el TC resolverá en su momento.

Las reacciones no se hicieron esperar. Aparte de las políticas, se esperaba con interés cómo reaccionarían los catalanes, si muchos se echarían a la calle para protestar. Y la respuesta fue poco significativa:unas 300 personas se concentraron ante la sede de la Delegación del Gobierno de Barcelona, en un acto organizado por CUP. Ahora la pelota está en el tejado de este partido y del resto de los que votaron a favor de la consulta:CiU, ERC, ICV... y PSC, toda una incógnita.