Venta de Baños ha oficializado vía pleno su posicionamiento sobre el expediente abierto por la Junta de Castilla y León sobre los vertidos localizados en las antiguas instalaciones de la Azucarera.

La apertura de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Venta de Baños ha caído como un jarro de agua fría en la localidad, donde entienden que han pasado de ser parte interesada en la resolución de la situación, a encontrarse en el punto de mira de la Administración Regional.

Son varios los argumentos esgrimidos por el Consistorio venteño frente a la propuesta de sanción de la Junta.

Entiende que la resolución no queda suficientemente motivada, dada la indeterminación «y la falta de rigor», señala textualmente el documento aprobado, «en cuanto carente de cualquier informe técnico y analítico de los residuos, a la vez que se omiten al conocimiento del Ayuntamiento los documentos que sirven de base a la Comunidad Autónoma para dictar la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 54, en relación con el artículo 63, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». Mantiene el Ayuntamiento venteño que la Junta traslada la responsabilidad «en exclusiva, al Ayuntamiento, con lo que no estamos de acuerdo».

Recuerda que no se ha tenido en cuenta que la Comunidad Autónoma, con fecha 8 de enero de 2014, conoció la denuncia de SOS VdeB «que ha dejado transcurrir más de dos años desde la fecha de la denuncia, excluyendo, por otra parte, a la mercantil responsable del depósito».

Se ha reiterado a la Comunidad Autónoma nuevamente, por entenderlo imprescindible y necesario, la petición de «conocer las actas, informes y documentos».

El pasado 1 de marzo DP avanzó que la Junta de Castilla y León había resuelto iniciar un procedimiento sancionador en materia de residuos contra el Ayuntamiento de Venta de Baños. La Administración Regional considera graves las infracciones, lo que podría conllevar una multa que va desde los 901 hasta los 300.000 euros, en función de la tipología de los residuos depositados.

Se advierte en el expediente que la infracción es «permanente» y se reconoce la singularidad de la titularidad de los terrenos. Se indica en la resolución que ha dado pie a la propuesta de sanción que en la legislación actual se establece la asignación de responsabilidades, siendo responsables de las operaciones de limpieza y recuperación del suelo contaminado, los causantes y, subsidiariamente, los poseedores del suelo contaminado (el que hace uso de él) y los propietarios no poseedores.