La Junta de Castilla y León no tenía constancia de la existencia de un informe elaborado hace seis años por técnicos de la administración sobre un presunto fraude en las prejubilaciones de empresas mineras. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ofreció ayer explicaciones tras el Consejo de Gobierno y aseguró que, después de que un medio de comunicación nacional publicara la existencia de este documento, éste ha sido enviado a la Inspección de Trabajo y al Instituto del Carbón (dependiente del Ministerio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Asimismo, el portavoz informó de que la Inspección General de la propia Junta de Castilla y León ha iniciado un proceso de «información reservada» para analizar lo sucedido con un informe que alertaba hace seis años de la existencia de un posible fraude de personas que estaban dadas de alta en la Seguridad Social como mineros sin serlo para prejubilarse antes y en condiciones ventajosas. De Santiago-Juárez reconoció que no le ha gustado conocer que el documento se ha ocultado durante estos años en un cajón y aseguró que el objetivo es saber «dónde se paró el informe» elaborado por un técnico de la sección de Minas de El Bierzo.
De momento, el consejero y portavoz no quiso entrar en detalles sobre las presuntas irregularidades que denuncia el documento, ya que insistió en que la Junta de Castilla y León no es competente en materia de prejubilaciones, por lo que deberá ser la Seguridad Social quien determine si existe o ha existido fraude en algunas empresas.
Lo que si dejó claro De Santiago-Juárez es que la investigación interna determinará «si existen responsabilidades disciplinarias» o de otro tipo, aunque manifestó desconocer si Eduardo Fernández, exdelegado territorial en León hace seis años y actual presidente provincial del PP, tenía conocimiento de la existencia del informe.
Rapidez. La Junta ha actuado de forma «inmediata» tras conocer durante el fin de semana la existencia de dicho documento, según explicó el portavoz. En 72 horas se ha recabado el informe desde la Consejería de Economía y Empleo y el mismo martes se ha enviado a la Inspección de Trabajo y al Instituto del Carbón.
A partir de ahora, dijo De Santiago-Juárez, será la Seguridad Social quien vea si el contenido del informe «se ajusta a la realidad» y, por otro lado, la ‘información reservada’ interna deberá desvelar el «camino que recorrió dentro de la propia administración», así como las razones por las que quedó ‘olvidado’ en un cajón durante tanto tiempo.