La biblioteca pública de Aguilar acogió ayer el Consejo Autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), un encuentro que fue aprovechado por el presidente nacional del organismo, Miguel Borra, para anunciar la puesta en marcha de medidas que obliguen a la Junta a cumplir con las 35 horas semanales.
En este sentido, Borra criticó el hecho de que la institución regional aborde los temas de los empleados públicos desde la Mesa del Diálogo Social, «donde solo están representados los sindicatos de clase», y exigió una modificación de la Ley de Libertad Sindical para que «la pluralidad de la sociedad española quede reflejada en este tipo de negociaciones».
Asimismo, reclamó para el profesorado el cumplimiento de la promesa adquirida por la Junta en 2015 de establecer en 18 el límite de horas a la semana y confió en que el organismo regional se muestre dispuesto a devolver a los trabajadores públicos «los derechos que les fueron arrebatados en su día».
Borra, que ofreció una rueda de prensa acompañado de los presidentes autonómico y provincial de la formación, Carlos Hernando y Benjamín Castro, respectivamente, habló también de su preocupación a nivel nacional y aseguró que CSIF hará todo lo posible porque el actual Gobierno de Pedro Sánchez satisfaga el acuerdo adquirido con los trabajadores públicos por el Ejecutivo anterior. «Si no hay Presupuestos Generales, que sea a través de Decreto, pero no vamos a permitir que se incumpla el compromiso de incrementar en un 2,25 por ciento el salario de los funcionarios», apuntó al respecto.
En declaraciones a los periodistas, Borra también denunció la «grave» situación por la que atraviesan algunos empleados públicos en Cataluña que, dijo, «son presionados por los políticos independentistas y están sufriendo los recortes del Govern, cuando su función es cumplir la Constitución».
Criticó, además, la aprobación en las Islas Baleares del Decreto que regula los requisitos de catalán para el personal del Servicio de Salud (IbSalut) y que exige, por ejemplo, un nivel A2 del idioma para auxiliares y celadores, y un B1 para profesionales como médicos, enfermeros y fisioterapeutas.
A su juicio, esta medida provoca que profesionales de cualquier otra Autonomía no puedan acceder a puestos del sector público en la Comunidad Balear. «Desde CSIF vamos a seguir peleando para que la lengua sea una herramienta que enriquezca y no un elemento que divida», manifestó al respecto
Finalmente, el presidente autonómico de CSIF pidió a la Junta que «resuelva los problemas con las oposiciones y los interinos», y el representante provincial solicitó un «plan urgente de reconversión» para paliar los efectos del futuro cierre de la central térmica de Velilla.