El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envía a prisión a cinco, uno de ellos palentino identificado como J.G., de los 15 presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) arrestados en Madrid, Barcelona y Palencia, al considerar que habrían participado en «actos de coordinación y promoción de sabotajes y daños en 114 cajeros» y guardaban fotografías de «policías y comisarías» como posibles «objetivos» de sus ataques, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha dejado en libertad con medidas cautelares a los otros diez arrestados, imputa indiciariamente a todos los detenidos en la denominada operación Piñata un delito de integración en organización terrorista por pertenecer a un grupo «de tipo insurreccionista anarquista» que tenía la finalidad de «subvertir el orden público y alterar gravemente la paz pública».
También se investiga si los detenidos, a los que se incautaron manuales de fabricación de explosivos, tienen relación con los ataques que se produjeron en 2013 en la catedral de La Almudena de Madrid y la basílica de El Pilar de Zaragoza.
En concreto, el magistrado acordó el ingreso en prisión incondicional de P.J., J.L., J.G.C., J.G. y E.B.. Este último fue detenido el 16 de diciembre pasado en el marco de la operación Pandora, que dirigió el juez Javier Gómez Bermúdez. Aunque fue puesto en libertad en febrero, ha continuado con su actividad delictiva, según Velasco.
El resto, que quedó en libertad a primera hora de la tarde, fue vitoreado por un grupo de unas sesenta personas que les esperaban en el Paseo de Recoletos de Madrid y que han llamado «carroñeros» a los cámaras de televisión que grababan las imágenes.
Entre los arrestados -diez en Madrid, tres en Barcelona y dos en Palencia- se encontraban los líderes de los GAC en estas provincias.
En los registros de sus domicilios y de varios centros sociales ocupados se encontraron reivindicaciones de ataques cometidos con artefactos explosivos, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas y manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial.
Del mismo modo, los agentes se incautaron de dispositivos técnicos de acceso cifrado a wifi para hacer anónima su navegación por Internet que estaban ocultos en bolsas de aseo.
El ataque en la catedral de La Almudena, que se produjo el 7 de febrero de 2013, y el de la basílica de El Pilar, que tuvo lugar el 2 de octubre de ese mismo año, fue reivindicado por el autodenominado Comando Insurreccional Mateo Morral, que debe este nombre al anarquista responsable del atentado contra el Rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda, en el que fallecieron varias decenas de personas.