Los esfuerzos realizados por los españoles ante las reformas llevadas a cabo por el Gobierno para salir de la crisis en la que estaba sumergida el país tendrán «sus frutos», como remarcan desde el Ejecutivo en los últimos meses. Así, en materia de Sanidad ya se han empezado a ver avances, como el que se aprobó ayer con el regreso de la vacuna de la varicela al calendario infantil, de modo que los padres no tengan que pagar por inocular a sus bebés contra esta enfermedad.

En este sentido, las regiones aceptaron «por consenso» la propuesta del encargado del área, Alfonso Alonso, de financiar el tratamiento contra esa patología a edades tempranas, en una primera dosis a los 12-15 meses, que será administrada de forma gratuita a partir de 2016, y una segunda a los tres o cuatro años, y no solo a los niños de 12 que no hayan pasado la enfermedad como hasta ahora.

Este nuevo programa supondrá un coste de seis millones de euros para la Administración, pero tendrá grandes ventajas. «Es importante que sea gratuita porque los 425.000 niños que nacen cada año en España van a ser inmunizados frente a la varicela y no van a sufrir esa enfermedad en el futuro», según explicó el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al término de más de seis horas de reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En la misma línea se mostró el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Sánchez Martos, que aseguró que la decisión supondrá un gasto para las regiones de unos seis millones de euros al año. «Se acaba el turismo vacunal para muchos y aumenta la seguridad de los ciudadanos. Nunca hubo alerta, pero sí incertidumbre. Ahora espero que todas las comunidades respeten el acuerdo», defendió Sánchez Martos.

En marzo de 2013, Sanidad y las comunidades acordaron que la varicela estuviera en el calendario vacunal solo para aquellos niños de 12 años que no hubieran pasado la enfermedad o en aquellos con patologías de base en los que la enfermedad supusiera un riesgo en caso de contagio. Y un año más tarde, la entonces ministra del ramo, Ana Mato, decidió cambiar su estatus a uso hospitalario para que no pudiera venderse en las oficinas de farmacia, lo que propició las protestas tantro de sociedades científicas como de los grupos políticos.

Ante esta nueva decisión, el consejero explicó que las razones de este cambio son «epidemiológicas, de salud pública y sentido común» ya que hay regiones como Navarra que llevaban tiempo vacunando a esa edad y habían logrado reducir el número de casos.

Con esta iniciativa, Sánchez Martos celebró que «los padres no se tendrán que ir a Andorra o a Portugal» para comprar las vacunas», al tiempo que permitirá tener un control de todos los niños.

De esta manera, «con la vacunación sistemática se evitará esta situación y también la situación de inequidad actual», apuntó Alonso, ya que ahora «solo se vacunaban los que podían permitirse comprarla en el extranjero»

Además, confió en que todas las comunidades cumplan con la decisión adoptada, pese a que algunas gobernadas por el PSOE hayan criticado al ministro por haber tomado esa decisión «en caliente» sin haber preguntado las necesidades de cada territorio.