La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que no suspenda el impuesto autonómico que grava el almacenamiento temporal de residuos nucleares en la central de Garoña (Burgos), aunque lo recurra al Tribunal Constitucional. Esta situación ya se produce con Cataluña, cuyo tributo sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos está recurrido, pero se mantiene en vigor.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, acusó al socialista José Francisco Martín de «enmarranar» este asunto, tras haber denunciado previamente la ocultación de un informe en el que la secretaría de Estado de Hacienda advertía de la posible inconstitucionalidad del tributo autonómico, aprobado por las Cortes el pasado 31 de octubre.

Del Olmo rechazó haber mentido en el pleno de las Cortes durante su defensa del tributo, aunque reconoció su error. La consejera afirmó que Martín «oculta información» y hace «todo barro», antes de aclarar que ella aseguró que el Gobierno no había recurrido el impuesto catalán porque así se lo habían comunicado los servicios técnicos de su departamento.

La titular de Economía y Hacienda insistió en que el impuesto medioambiental que tiene Cataluña, que es más amplio que el de Castilla y León, «no está suspendido y se está recaudando», lo mismo que exigió para la Comunidad, si finalmente se plantea un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

Del Olmo no entiende por qué los socialistas tienen «esa persecución contra Garoña», y por qué «no quieren» el dinero de ese gravamen para ayudar a reindustrializar el entorno de la central nuclear. Esta postura es contradictoria con el apoyo socialista a impuestos similares en otras comunidades autónomas, según indicó.

«La finalidad del impuesto es clara», resumió la consejera, quien insistió en que se trata de que esos residuos nucleares estén el menor tiempo en la Comunidad, ya que lamentó que después de «no dejar que produzcan energía nuclear» ahora se permite que «nos comamos los residuos radiactivos» porque están en la piscina de la planta nuclear situada en la provincia burgalesa.

Precisamente, el socialista José Francisco Martín denunció ayer que la Secretaría de Estado de Hacienda emitió un informe el 25 de septiembre, remitido a finales de octubre a la Junta de Castilla y León, en el que advierte de la inconstitucionalidad del impuesto sobre los residuos de Garoña, con el objetivo de recaudar diez millones para la zona de influencia de la planta.