El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año en Castilla y León se redujo un 6,6 por ciento en Castilla y León, hasta los 498, de los que 332 correspondieron a impagos de alquiler derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según se recoge en el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, que el Consejo General del Poder Judicial publicó hoy y fue recogido por Ical, y en el que también se recoge un descenso de las ejecuciones hipotecarias, de los despidos y los concursos en la Comunidad.
En el conjunto de España el número de lanzamientos practicados en este periodo fue de 11.547, un 0,3 por ciento inferior al mismo trimestre de 2017, pero en este caso los casos por impago de alquiler se incrementaron un 7,9 por ciento, hasta los 7.518.
Por territorios, Cataluña (con 2.531, el 21,9 por ciento del total nacional) volvió a ser la comunidad en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 1.894), la Comunidad Valenciana (con 1.575) y Madrid (con 1.238). Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.738, el 23,1 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.034; Madrid, con 1.010; y la Comunidad Valenciana, con 897.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, en Castilla y León cayeron un 8,2 por ciento, hasta las 258, frente al incremento nacional del 14,4 por ciento. También se redujeron en la Comunidad el número de concursos de acreedores, que pasó de 60 a 44 (-36,6 por ciento), y los despidos, que cayeron un 7,9 por ciento, hasta los 996, mientras que en el conjunto de España las demandas por despido se incrementaron un 2,2 por ciento (26.669).
Cláusulas suelo
Por último, el número de demandas por las cláusulas suelo que ingresaron en los juzgados de la Comunidad en el tercer trimestre fue de 3.032, periodo en el que se resolvieron 1.786, con sentencias favorables para el consumidor en el 99 por ciento de los casos. El número de demandas pendientes se situó en 15.508, lo supone casi triplicar las 5.984 que se acumulaban hace un año.