En pleno desafío secesionista por parte de la Generalitat de Cataluña, el foro Sociedad Civil por el Debate, quiso reunir en un mismo salón a los profesionales de la Justicia con los políticos que son, finalmente, los que establecen las normas en el campo de juego.
Como moderador actuó el periodista Manuel Campo Vidal, presidente de este Foro y hombre curtido en el humo de mil debates. Tan es así que decidieron celebrarlo en el mítico Club Siglo XXI que hizo las delicias de la Transición. Tampoco tuvieron los asistentes ningún reparo en dar la espalda a un retrato del Rey emérito, tal y como ocurre en todas las sedes de Justicia.
Estaba anunciado que acudiera Begoña Villacís, pero parece que para la portavoz de Ciudadanos todo lo que no sea radio o tele, como que le gusta menos y mandó en su nombre a Miguel Gutiérrez. Este partido, especializado en decir cosas obvias, pidió que no hay que hacer más leyes sino cumplir las que hay, denunció que los jueces puedan entrar en política y volver luego a juzgar y que si la Justicia española no se cae es, en gran medida, por los funcionarios de menor rango en este sector.
El acto empezó fuerte con la declaración de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, diciendo que el problema de la Justicia en España radica en la falta de confianza de los justificables, es decir, de todos nosotros en la misma. Y esto se ha conseguido, según Carnicer, por la baja especialización de jueces y fiscales, entre otros muchos motivos. El presidente del Club Siglo XXI, Francisco Segrelles, también dedicó un elogio asegurando que prefería no calificarla mientras que Carlos García-Berro, vocal de la Unión Progresista de Fiscales, recordó que llevan 130 años con estas quejas ya expresadas por el jurista español por antonomasia y con plaza en Madrid, Alonso Martínez.
Ignacio González Vega, magistrado y miembro de Jueces para la Democracia (tiene bemoles que los propios jueces se agrupen por progresistas y conservadores), puso ejemplos de por qué los españoles evitamos los tribunales todo lo que podemos. Hasta un tercio de los litigios se solucionan en los despachos de abogados. Vega explicó que los juicios por despidos se estaban atendiendo entre dos y tres años tras haberse producido, lo cual genera abusos y desamparos. La tan traída precariedad laboral la sufren también sus señorías, pues las últimas promociones de jueces están sin destino definido echando una mano allá donde les mandan. Las sedes judiciales son nidos de ratas (no es broma) y lugares que no cumplen en algunos casos las más mínimas condiciones laborales. Por su parte, Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, pidió que se doten de más medios económicos a la Justicia. También reclamó que no se cambien las leyes en cada legislatura. Para que la administración de justicia sea idónea debe ser predecible en sus sentencias, razonablemente rápida y totalmente despolitizada. Tres características que los señores lectores aprecian en nuestra forma actual de proceder. Por eso causa tanto recelo.
Uno de los muchos parches que se han tratado de poner para solucionar esto de lo que hablamos es todo lo referido a la mediación y Silvia Hinojal aclaró que está estancado.
José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo, que llegó tarde pues como se pueden imaginar son días de intensa actividad en su negociado, exigió que las investigaciones las haga el Ministerio Fiscal y no los jueces para evitar que los casos se eternicen.
Muchos de los asistentes temblaron de pavor al ver que los políticos se hacían con los micrófonos. La primera en abrir el fuego fue la otrora portavoz socialista, Soraya Rodríguez. Con su tono de voz, propio de una profesora regañona, glosó las maldades del PP en el ámbito de la Justicia y anunció que derogarán todo lo que se implementó durante estos cuatro años. Si ganan, claro. Ley Mordaza, tasas judiciales, escasa digitalización son solo alguno de los logros populares que penalizan a los ciudadanos más pobres, según el PSOE. Enrique Santiago, de IU, contaba con un acento muy castizo y afirmó que es la Justicia en nuestra piel de toro es una máquina de impunidad sobre todo para aquellos delitos de cuello blanco. Querría Santiago que se hiciesen más esfuerzos para garantizar la independencia de los fiscales y aplaudió el turno de oficio, pues se cobran cantidades miserables y encima muy diferidas en el tiempo. José Miguel Castillo, del PP, no supo rebatir ninguno de estos ataques ni aclaró cuáles son las propuestas de su partido para la próxima legislatura.
Andrés Herzog, en lo que sonó como su testamento político, recordó que UPyD denunció los casos de Bankia, las black y las preferentes. También apuntó que renunciaron a su puesto en el CGPJ y que han reclamado la constitución del delito de financiación de partidos políticos y reformar el indulto. Los mejores se van siempre los primeros, decía mi abuela.
Cerró cartel la representante de Podemos, María Espinosa, que se quejó de las pocas mujeres que había en el debate sin reparar en que gran parte de la judicatura está en manos de féminas. Sí denunció que, a pesar de que se dice que hay poco dinero para la Justicia, en Madrid se enterraron 105 millones de euros en una Ciudad para la misma que en un páramo que solo habitan conejos y que las flamantes obras en la Audiencia Nacional no evitan que se inunden los calabozos.
Como se pueden imaginar, el debate concluyó con un ejemplo claro del y tú más en el que solo me quedó claro que hay quienes piensan que las transferencias en materia de Justicia se deberían recuperar para dar un servicio más uniforme, pues hay comunidades autónomas que son o más lentas o más rápidas causando distorsiones.
El acto celebrado a las 12,30 horas del mediodía no concitó la asistencia de mucha gente, pues, a pesar del interés de la temática, no son horas ni siquiera para los jubilados de lujo que pueblan los salones de este Club, que en su tiempo reunía a lo más granado del panorama patrio.