Pocas veces había levantado tanta expectación un juicio en el Juzgado de lo Penal de Palencia. En los aledaños del recinto judicial en la jornada de ayer se congregó un buen número de vecinos de Lantadilla, con pancartas incluidas, vigilados muy de cerca por varios agentes de la Policía Nacional. Y es que los vecinos querían dar su apoyo incondicional a la alcaldesa de la localidad, Ana María Escudero Caballero (PP), que se sentó en el banquillo de los acusados para ser juzgada como presunta responsable de un delito de prevaricación  por ordenar supuestamente el pago de las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento excepto la de la secretaria.

Entre los asistentes se encontraban cargos públicos de la provincia como el diputado provincial  y alcalde de Melgar, José Antonio Arija. No hubo que lamentar incidentes dignos de mención salvo la sonora pitada que se llevó la acusación particular ejercida por la secretaria del Ayuntamiento al abandonar, acompañada por su abogado, el recinto judicial tras concluir el juicio, que quedó visto para sentencia.

Desde el punto de vista procesal, el  Ministerio Fiscal solicitó definitivamente ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para la alcaldesa de Lantadilla, Ana María Escudero Caballero al considerar que la acusada, en su condición de alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Lantadilla, supuestamente dirigió el 31 de mayo de 2013 una orden verbal a la secretaria del citado Ayuntamiento para que se procediera al pago de las nóminas del mes de mayo, «excepto la suya». Según la Fiscalía, la secretaria le hizo saber de la ilegalidad de la orden recibida, pero manifestó que procedería «por obediencia debida» a cumplirla. Ese mismo día levantó diligencia en este sentido, con la orden del pago al resto de los funcionarios municipales, diligencia que la propia alcaldesa se negó a firmar.

El día 4 de junio, según el fiscal, Ana María Escudero Caballero firmó un documento donde se ordenaba el pago de todas las nóminas excepto la de la secretaria, orden que se procedió a cumplir el mismo día. Por su parte, la acusación particular ejercida por la secretaria y defendida por el abogado palentino Antonio Luis Vázquez, calificó los hechos como un delito de prevaricación, por lo que solicitó para la alcaldesa 10 años de inhabilitación y 3.000 euros de indemnización para la secretaria por daños morales.

PERJUDICAR. La acusación particular consideró que la orden de no abonar la nómina devengada, cuyo pago está consignado en el presupuesto municipal, supuestamente tenía por objeto «perjudicar a la secretaria-interventora con la que tiene una enemistad manifiesta». Mientras, la defensa de la primera edil de Lantadilla solicitó la libre absolución para su patrocinada.

La alcaldesa aseguró en su comparecencia ayer ante la magistrada que nunca se negó a pagar la nómina a la secretaria municipal y reiteró que pocos días después llegó la orden de pago. «Llegó un momento en que no sabía qué hacer porque no cumplía la órdenes que le daba para que todo estuviera en regla. Tengo que decir que llegamos a tener hasta 200.000 euros retenidos por no tener las cuentas al día», dijo Ana María Escudero.

«Yo no sé de leyes; para eso está la secretaria, ni tampoco tengo sueldo, pero me cansé de darle órdenes verbalmente para que se pudieran publicar, entre otras muchas cuestiones, tanto los presupuestos correspondientes a 2012 como los del 2013, pero no fue así», apostilló la alcaldesa.

La secretaria municipal de Lantadilla (en el puesto desde 1989), por su parte, apuntó durante su declaración en el juicio que nunca le argumentaron por qué no le pagaron la nómina y recordó que le habían abierto un proceso administrativo sancionador, que fue declarado nulo, «aunque tuve conocimiento de que -supuestamente- la alcaldesa  intentó presionar ante las Instituciones para que me echaran y me sancionaran».

A preguntas de la defensa legal de la alcaldesa, la secretaria municipal se remitió a los expedientes presupuestarios para justificar su no publicación pese a aprobarse en sendos plenos. «Seguramente faltaría algún detalle», subrayó, al tiempo que indicó que no le facilitaron «los datos de los presupuestos, ni liquidaciones». Para justificarse, reiteró que, en ocasiones, no dio de paso determinados pagos al considerarlos cuando menos «irregulares».

Durante la vista oral, se corroboró que después de iniciarse este proceso judicial el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abrió un expediente disciplinario y decidió suspender de sus funciones, de forma cautelar y por seis meses, a la secretaria de este Ayuntamiento.