La negativa del Consejo Consultivo a la petición realizada por el grupo de trabajo integrado por la Diputación, el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos para que mediase y valorase el expediente expropiatorio y el convenio urbanístico que hizo posible la conexión de la calle Jardines, va a encallar en unas negociaciones en las que, pese a los mensajes de colaboración que las instituciones local y provincial lanzan en público, están en las antípodas.

Conviene recordar que en las postrimerías de sus mandatos, el socialista Heliodoro Gallego y el popular Enrique Martín alcanzaron un acuerdo que permitiese conectar de una vez por todas la calle Jardines, y que pasaba por la cesión de 38.287 metros al Ayuntamiento a condición de que este le devolviera a la Diputación en el plazo de dos años 18.113 de esos metros convertidos en suelo urbanizable y con una edificabilidad mejorada.

La recalificación iba a deparar a la institución provincial 19 millones de euros a través de la explotación urbanística de ese suelo, la cantidad fijada por la Comisión Territorial de Valoración para las parcelas de la calle Jardines. 

Sin embargo, ese acuerdo nunca se ejecutó y ambas instituciones lo han ido aplazando -lo que ha generado 5 millones de euros en intereses- hasta que en octubre del año pasado, la oposición dijo basta y obligó a ambas instituciones a crear una mesa de trabajo que negociase una solución definitiva antes del 31 de marzo.

 Precisamente, una de las primeras decisiones que tomó esa mesa de trabajo -a la que también se invitó a la representación vecinal- fue recurrir al Consejo Consultivo para que mediase y se pronunciase sobre la ejecución del convenio expropiatorio y urbanístico, como una vía intermedia para tratar de resolver las discrepancias existentes. Sin embargo, este órgano les ha contestado que esa no es su labor y solo se pronunciará sobre el acuerdo que alcancen ambas instituciones.

acuerdo lejano. Sin embargo, el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Diputación está lejos pese a que resta mes y medio para que acabe el plazo que se dieron ambas instituciones.  La ciudad estaba dispuesta a ofrecer a la institución provincial terrenos por valor de dos millones de euros como mucho en compensación por el tramo de la calle Jardines, una cifra que el Ayuntamiento considera más que generosa, ya que fue la capital quien corrió con los gastos de urbanización de ese tramo de unos 180 metros, cuando es obligación del propietario. 

Una posibilidad que la Diputación rechazó de plano y que incluía dejar aparcada una operación de recalificación urbanística que además de ofrecer dudas legales hoy por hoy nadie cree posible. La institución provincial, aunque está dispuesta a negociar, da completa validez al acuerdo de 2010 y, por lo tanto, considera que en el peor de los casos la ciudad deberá satisfacer esos 19 millones de euros más 5 de intereses.

Sin embargo, el Ayuntamiento -y así lo ha expresado en un informe su secretario- considera que el acuerdo es nulo de pleno derecho, es decir, que no vale de nada y, por lo tanto, no hay más remedio que llegar a uno nuevo.

informe al pleno. De momento, la falta de acuerdo y el no del Consejo Consultivo van a obligar al Ayuntamiento a mover ficha. El equipo de Gobierno de Alfonso Polanco llevará a la próxima comisión de Urbanismo una propuesta para iniciar una revisión de oficio del acuerdo, siempre en base a que los servicios juridicos municipales estiman que este es nulo de pleno derecho.

Si logra el dictamen favorable  con el apoyo del resto de la oposición, se llevará a Pleno el inicio de ese expediente de revisión de oficio y con su aprobación -si se logra, claro- se abrirá un plazo para que la Diputación presente alegaciones.

Ese documento será el eque se envíe al Consejo Consultivo, que será el que determine en un informe vinculante si el acuerdo es nulo de pleno derecho o no. Un recorrido que difícilmente se cumplirá antes de marzo y que amenaza con que la resolución definitiva a este asunto se retrasará hasta después de las elecciones municipales.

Ganemos: «La única salida es ir al Contencioso»

La primera formación que se pronunció ayer respecto a la decisión del Consejo Consultivo fue Ganemos, que supone que «la única salida que queda es ir al Contencioso, ya que la Diputación no quiso aceptar la propuesta del Ayuntamiento por la expropiación de la calle Jardines». 

«Ganemos respalda la posición del secretario general de que el convenio firmado por PP y PSOE en 2010 es nulo de pleno derecho, y no puede ser que la Diputación quiera hipotecar las futuras inversiones que haga el Ayuntamiento, puesto que nuestra ciudad pertenece también a la Diputación y nos negamos a ser tratados peor que el resto de los pueblos de nuestra provincia», aseveró el portavoz de la plataforma ciudadana, Juan Gascón.  

En este sentido, Ganemos recuerda que el sentido de la consulta era era tratar de solucionar los problemas por la aplicación del convenio expropiatorio y urbanístico, relativo a los terrenos provinciales para ser destinados a dotaciones urbanísticas, «ante el rechazo de la Diputación a la propuesta formulada por el Ayuntamiento».

«Este era el primer punto de la moción que fue aprobada de forma conjunta por todos los grupos municipales en el pasado pleno del mes de enero: solicitar del Consejo Consultivo de Castilla y León una consulta facultativa sobre el expediente expropiatorio de terrenos provinciales para dotaciones urbanísticas, el convenio urbanístico expropiatorio aprobado y sus prórrogas, así como la ejecución del Vial de la calle Jardines», recalca Gascón.