El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable y que prevé también nuevos delitos relacionados con el terrorismo yihadista, fruto del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El grueso de la iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP y UPN, la abstención del Foro Asturias y el rechazo de todos los demás grupos, mientras que la modificación relativa al terrorismo fue avalada por el Partido Popular, PSOE, CC, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro, mientras que CiU y UPyD optaron por la abstención, e Izquierda Plural, PNV, ERC y Amaiur se opusieron.

La nueva norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, castigará «con la prisión por el tiempo máximo previsto» a aquellas personas integradas en organización terrorista que causaran la muerte de una persona, e introduce el delito de adoctrinamiento pasivo para aquellos que consulten páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de pertenecer a una banda o perseguir sus fines.

El nuevo texto legal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de la prisión permanente, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su Heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables como los discapacitados. La medida ha levantado la crítica unánime de toda la oposición, que la considera una cadena perpetua encubierta.

Además, se prevé que las condenas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.

En el capítulo de enaltecimiento la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante cuando estos mensajes de enaltecimiento y justificación se realicen por internet.

CORRUPCIÓN. El Código Penal dificulta, además, el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado. Otro punto destacable es el relativo al indulto. Así, un alto cargo del Ministerio de Justicia comparecerá sobre estos expedientes cada seis meses.

También se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales. Habrá nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia del afectado.

Por otra parte, los padres de las menores asesinadas Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, así como los de la infortunada joven Sandra Palo y la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, agradecieron al Gobierno su nueva norma.