Las rupturas de parejas sin casar que pugnan por sus hijos en los juzgados se triplican desde 2007

Pablo Álvarez / Valladolid
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Fueron casi 1.500 procesos registrados el año pasado y representan ya el 20 por ciento de las separaciones sobre las que se tienen que pronunciar los jueces en Castilla y León

«El matrimonio es la principal causa de divorcio». Es una célebre frase que se atribuye a Groucho Marx pero que las nuevas tendencias sociales se han encargado de invalidar, al menos en parte. Las parejas que no se casan también rompen. Yni siquiera los hijos, los mayores perjudicados en las separaciones, son capaces de mantenerlas unidas. De hecho, los casos que llegan a los tribunales de parejas que pugnan por la guarda y custodia de los pequeño se ha triplicado en Castilla y León desde el año 2007 y ya representan uno de cada cinco casos sobre los que se tiene que pronunciar un juez. 
En estos últimos ocho ejercicios, prácticamente se han triplicado las rupturas de uniones civiles con menores de por medio en Castilla y León, al pasar de 507 a 1.453 casos desde 2007 a 2014. Esto supone un 286 por ciento más en este periodo, 42 puntos más que la media nacional. 
«Son casos en aumento debido a las nuevas tendencias sociales», explica Jaime Sanz, de Safe Abogados, si bien aún son mayoritarias las rupturas tradicionales, por la vía de la separación o del divorcio. 
De hecho, a lo largo de 2014 se registraron en Castilla y León un total de 5.477 rupturas matrimoniales, a las que habría que sumar otras 1.453 de parejas sin casar, lo que elevarían la cifra hasta 6.900, tal y como refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial. 
En este periodo de la crisis, el número de rupturas matrimoniales se había mantenido relativamente estable en Castilla y León, salvo el pasado año cuando ya se notó un repunte del ocho por ciento, que los abogados matrimonialistas consultados por este periódico achacan a la mejora de la situación de la economía y vaticinan que esta año y el próximo el aumento será aún mayor. «La crisis había frenado los divorcios y muchas parejas con problemas seguían juntas porque mantenían una hipoteca que no podían dejar de pagar. Pero con una mayor disponibilidad económica piensan ‘ya para qué voy a aguantar al otro’, y optarán por la ruptura», apunta Jaime Sanz; por lo que se prevé que a las separaciones habituales se sumen las que no han salido adelante por el ‘tapón’ de la crisis.
Los hijos suelen ser los mayores perjudicados de estas situaciones y de hecho, es una tendencia el aumento las separaciones o divorcios sin acuerdo entre las partes cuando median menores. 
Las pugnas por los hijos en los tribunales no son precisamente amistosas. En el caso de las parejas que no están casadas, en seis de cada diez resoluciones de los jueces relativas a la guarda y custodia de los niños, alguna de las partes no está de acuerdo y alarga los litigios. Concretamente, los jueces se tuvieron que pronunciar sobre 879 custodias mientras que en otros 574 casos la decisión fue consensuada. 
En el caso de divorcios o separaciones, la estadística del CGPJ no distingue si hay hijos o no pero en más de 2.000 casos, ambas partes no llegaron a un consenso de las condiciones, lo que supone el 40 por ciento, casi siempre relacionadas con los niños. 
«En el fondo de todo se encuentra el dinero», asegura Jaime Sanz quien matiza que después de una sentencia del Supremo de abril de 2013, los tribunales dictan resoluciones de sentencia compartida. De este modo, establecen que la vivienda habitual de la pareja se establece como ‘casa nido’ donde residen los pequeños y son los progenitores los que pasan una semana en ella de forma alterna. Hasta entonces, la custodia recaía directamente sobre uno de los progenitores, habitualmente la madre, y el otro tenía que seguir pagando la hipoteca, en el caso que existiera, y pasar una asignación por los gastos de manutención, que con la compartida se evitan. 
«El incremento de la solicitud de guardas y custodias compartidas, esta suponiendo un aumento de la litigiosidad, ya que muchas veces supone no tener que pagar pensión de alimentos, y un uso alternativo de la casa, lo que ayuda a que ambos cónyuges se pongan de acuerdo para la venta de la casa, pues no quieren tener que entrar y salir cada semana de la casa», relata Sanz.