Entre 100 y 250 kilómetros tuvieron que recorrer las más de un millar de castellanas y leonesas que acudieron el pasado año a Sacyl para abortar dentro de los supuestos legales. La objeción de conciencia de los sanitarios públicos obliga a la Consejería de Sanidad a derivar estos servicios a clínicas privadas que, en la mayoría de los casos, están fuera de las provincias de sus residentes con los consiguientes gastos y molestias del desplazamiento. De hecho, solo las vallisoletanas pueden interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de su propia provincia, mientras que tres de cada cuatro mujeres de las 1.412 que el pasado año recurrieron a Sacyl para poder abortar tuvieron que irse fuera, la mayoría a Madrid o a la propia Valladolid.
Una situación que viene derivada de que todos los ginecólogos del Sacyl tengan declarada objeción de conciencia, según la Consejería de Sanidad, ante lo que la Junta tiene que contratados distintos conciertos con centros privados que el pasado año se elevó por encima del medio millón de euros, una cifra que escala hasta casi los tres millones y 6.600 mujeres en el último lustro.
Esta realidad genera grandes desigualdades y situaciones inexplicables que desembocan un peregrinaje cruzado por las nueve provincias con destino a las cuatro centros privados con los que Sacyl tiene conciertos. De esta forma, según los datos facilitados por la propia Consejería, que ha declinado valorar esta situación a este periódico, las mujeres de Ávila, Palencia,Segovia y Soria se tienen que desplazar hasta Madrid; las de Burgos,Salamanca y Zamora hasta Valladolid, y las de León hasta un centro de Salamanca, al que, sin embargo, no son derivadas las propias salmantinas que tienen que viajar 120 kilómetros hasta Valladolid a pesar de tener una clínica concertada.
Desde la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla y León reclaman, además de la remodelación del mapa de clínicas a las que deriva Sacyl para la interrupción voluntaria del embarazo, la despenalización total del aborto voluntario, la creación de centros de planificación familiar a los que poder acceder para conseguir mayor información sobre este asunto y que se imparta educación afectivo-sexual en los currículos escolares para formar a los jóvenes.