Al menos unos 300 autónomos y pymes de la provincia de Salamanca están afectados por una presunta trama fraudulenta en la tramitación de los permisos de Industria ante la Delegación Territorial, en la que está implicada una funcionaria, B.J., jefa de sección en el servicio de Industria, y en la que intervendría su hermano, un ingeniero superior, al que los afectados encargaban los proyectos para la apertura de sus negocios.

El caso, que fue denunciado por la propia Delegación Territorial de la Junta de Salamanca ante la Fiscalía, se encuentra ahora en manos del Juzgado número 1 de Instrucción de la capital charra, que ha abierto una investigación ante indicios delictivos. Además, la propia Junta de Castilla y León se ha personado en el caso como acusación particular, según confirmaron a la Agencia Ical fuentes de la Administración autonómica.

Los afectados, que en muchos casos ya han denunciado el presunto delito ante la Policía Nacional, han visto como sus proyectos de actividad industrial, todos elaborados por el hermano de la funcionaria implicada, no han sido ni visados ni registrados en la Junta, a pesar de que en los originales que ellos conservan mismos figuran el sello correspondiente de la Junta y un número de registro.

Aunque el fraude podría remontarse años atrás, no fue hasta el pasado mes de abril cuando tras la denuncia de un particular en la propia sede de la Delegación Territorial hizo saltar las alarmas en la propia Administración autonómica. A raíz de esta denuncia y tras comprobar la existencia de irregularidades en la tramitación de proyectos de actividad industrial, en el mes de julio, el caso se puso en manos de la Inspección de Servicios de la Junta, que confirmó las sospechas y determinó que, además de faltas, podría existir delitos.

La Delegación Territorial de Salamanca confirmó que los expedientes sancionadores se van a mantener, aunque se aseguró que «se tendrán en cuenta las circunstancias especiales del caso».