Esta ley, según Jorge Martínez, constituye un nuevo sistema de protección social para luchar contra la exclusión social en la región. Es un sistema pionero en España, sustentado en derechos y no en el asistencialismo.

Además, ofreció los datos de los beneficiarios de la red de protección a familias afectadas por la crisis que el pasado año llegó a 13.472 personas, con un gasto realizado de 10,3 millones de euros.