El Partido Popular lleva mañana a las Cortes una proposición no de ley para debatir la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para dinamizar el sector minero no energético. La iniciativa persigue contribuir al desarrollo económico de las zonas rurales, como herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación.

El alcalde de Guardo y procurador por Palencia, Juan Jesús Blanco, explicó que la idea es posibilitar las actividades extractivas no energéticas, con proyectos respetuosos en suelos rústicos. 

Se trataría de minas de galería, no de cielo abierto, y se trabajaría con productos como rocas y minerales industriales y ornamentales, productos de cantera, minería metálica y aguas termales y minerales. Las limitaciones estaban impidiendo, tal y como indicó Blanco, que salieran adelante proyectos de minas de wolframio o zinc.

Por otro lado, el también procurador y alcalde de Torquemada, Jorge Martínez, presentó otras dos propuestas que se debatirán hoy. La primera defiende deducciones del 15 por ciento para la adquisición de vehículos de energías alternativas eficientes y sostenibles, con un límite de 4.000 euros.

El objetivo es conseguir una transformación del parque automovolístico e incentivar al ciudadano a la compra de coches eléctricos o híbridos «para reducir la emisión de gases invernadero»; detalló Martínez que dio a conocer la compra de este tipo de vehículos durante el pasado año en la provincia, 416, frente a los 311 en 2016. Esto supone un incremento del 34 por ciento, frente al crecimiento del 45 por ciento experimentado en el conjunto de Castilla y León.

El procurador defendió que «esta propuesta «es coherente y sensata» y conduce «hacia la transición energética», si bien «choca contra la política desarrollado por el Gobierno central, recordando la propuesta que prohibirá en el año 2040 los vehículos con energía fósil «lo que afectará a la producción en Castilla y León y en Palencia, caerá la actividad económica y redundará en el empleo». 

Esto unido al cierre de la térmica, para Martínez, la política de Pedro Sánchez en esta materia es «nefasta» e insistió en el impacto que va a tener en la economía regional,  por lo que reclamó a los partidos «sentido común». 

La tercera de las proposiciones busca también impulsar la actividad económica. Para ello, el PP aboga por dar continuidad a la lanzadera financiera en beneficio de las pymes de la región. 

En el último año dicha lanzadera ha recibido 807 solicitudes, con un importe propuesto de 179,9 millones de euros, posibilitando la creación o el mantenimiento de 7.400 puestos de trabajo.