Los hechos arrancan cuando el cliente suscribió un contrato para la creación de una cuenta corriente y otro contrato para una tarjeta de crédito en 2008. La entidad bancaria en 2013 le informo que debía una cantidad de dinero y que ejercitaría las acciones civiles correspondientes pero no le advirtió que le incluiría en la lista de morosos. Este es el principal argumento esgrimido por los tribunales para darle la razón al cliente y demandante.