El remozado palacio de justicia cuenta desde ayer con 16 cámaras de seguridad, ocho exteriores y ocho interiores, que servirán para cubrir con imágenes todo aquello que transcurra en los alrededores de la plaza de los juzgados, una de las peticiones más demandadas por los funcionarios teniendo en cuenta las especiales características de este edificio institucional.

La responsable sindical de STAJ, Amaya Ruiz, ya confirmó a Diario Palentino a comienzos del pasado mes de octubre que la empresa de servicios de seguridad Vasbe acometería la instalación de las cámaras de seguridad en las esquinas del exterior del palacio de justicia que aún no estaban colocadas tres meses después de haberse producido el traslado de los funcionarios y las dependencias a la plaza de los juzgados. «Dada la singularidad del edificio, es prioritario que cuente ya con el pertinente conjunto de cámaras de seguridad y el Ministerio ha dado ya la orden para su instalación», apuntó en aquel momento la responsable sindical de STAJ.

Técnicos de las instalaciones se encontraban ayer en el palacio de justicia para ajustar los parámetros de las cámaras y su correcto funcionamiento.

Por otro lado, el empresario palentino J.A.G.I., de 74 años y cuya extradición a Brasil solicitó el titular del juzgado número 7 después de dictar una orden de prisión preventiva para él en cuanto llegara a territorio español, ya se encuentra en la cárcel madrileña de Alcalá Meco, según informaron a este periódico fuentes de la Fiscalía.

El que fuera administrador de la firma Montajes y Obras Públicas se encontraba en el país carioca desde 2012. Hay que recordar que el juez ya dictó un auto de apertura de procedimiento abreviado al encontrar indicios de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil. 

Se trataba de la tercera extradición solicitada desde Palencia (dos a Colombia) en los últimos seis años, según los datos aportados. En este caso, su hija M.G.G. ya fue juzgada en la Audiencia Provincial de Palencia y quedó absuelta a mediados de 2016, después de que fuera acusada de los mismos delitos que su padre. 

La sala del alto tribunal de la provincia entendió entonces que la responsabilidad última de los supuestos hechos delictivos debía recaer en J.A.G.I.