La Audiencia Provincial ha condenado al Ayuntamiento de Ayuela de Valdavia, una pequeña localidad de 54 habitantes ubicada a 20 kilómetros de Saldaña y a una hora desde la capital, a desmontar un parque infantil y retirar un acera que construyó sin permiso en un terreno que pertenecía a una vecina de 82 años. El fallo de la sala, contra el que no cabe recurso, confirma punto por punto la sentencia dictada anteriormente por el juzgado de primera instancia de Carrión de los Condes, y condena también al pueblo a pagar las costas del proceso judicial.

Esta rocambolesca historia comienza a principios de 2015, cuando el Consistorio inicia la construcción de una zona de juegos y un nuevo acerado en una zona anexa al lavadero público. Mercedes Díez Villegas y su familia se reunieron con el entonces alcalde, Jesús Alberto Villegas Rodríguez, para explicarle que esos terrenos no eran municipales y que, por lo tanto, no podía construir nada ahí sin permiso.

A la frustración de Mercedes y su familia ante el empeño del primer edil en continuar con la construcción del parque infantil se unió su sorpresa e indignación cuando descubrieron que el Ayuntamiento había acudido al Catastro para poner la propiedad de ese terreno, unos 219 metros cuadrados, a nombre del municipio. 

Esta vecina y su familia denunciaron al Ayuntamiento pero fue archivada, por lo que el 14 de abril de 2016, ya con Conrado Fernández como alcalde -quien tampoco atendió la reclamación de la familia-, Mercedes Díez Villegas presentó una demanda contra el Ayuntamiento de Ayuela sobre lo que se denomina acción reivindicatoria de propiedad, la cual fue admitida a trámite un mes después, lo que derivó en la celebración de una vista que, tras varias suspensiones, se celebró el 16 de febrero de 2017.

Mercedes Díez quería que la justicia la declarase propietaria de la franja de terreno de 219 metros cuadrados de superficie y que obligase al Ayuntamiento a retirar de la misma cuantas construcciones y edificaciones hubiese hecho sobre ella.

una parte. Esos 219 metros cuadrados son en realidad una pequeña parte de un terreno dedicado al cultivo de secano, ubicado en el paraje de Prados de Villa, con una superficie de 2.420 metros cuadrados, que en 1979, el Inryda (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) le adjudicó a Mercedes Díez tras una concentración parcelaria. 

El Consistorio defendió ante la jueza de Carrión que era el legítimo dueño de pleno dominio de la finca del lavadero -aneja a la de esta vecina- ya que así constaba inscrita en el inventario de bienes de la localidad, donde se hacía referencia no solo con la construcción del lavadero sino también a un terreno anexo de unos 114 metros cuadrados. 

Una finca, argumentó el Ayuntamiento, que no entró dentro del proceso de concentración parcelaria, intentando hacer ver a la jueza también que Mercedes nunca recurrió a la vía administrativa ni ofreció reserva ni alegación alguna sobre el parque o su titularidad durante la tramitación del expediente administrativo de la zona de juegos.

Sin embargo, Mercedes Díez y su familia no fueron con las manos vacías al juicio y presentaron a la magistrada no solo la escritura de propiedad de la finca, sino también su inscripción en el Registro de la Propiedad de Saldaña, la certificación de la Junta de Castilla y León ratificando la adjudicación de la finca, la certificación negativa del Registro de la Propiedad de que el Ayuntamiento de Ayuela no la tiene inscrita a su nombre, los recibos del IBI abonados desde 1.997; y, tras varias visitas al Catastro para expresar su queja y amenazar con una denuncia, la anulación de la modificación que se realizó a instancia del Ayuntamiento de Ayuela para que la finca figurase a su nombre.

Por si no fuese suficiente, argumentaron su exigencia con un informe pericial elaborado por un perito, ingeniero técnico en Topografía, que ponía aún más de manifiesto que ese terreno no pertenecía al Ayuntamiento. 

Argumentos todos ellos que motivaron a la jueza de primera instancia de Carrión de los Condes a dar la razón a Mercedes Díez y su familia, quienes lamentan que su Consistorio «haya actuado de mala fe al invadir 219 m2 de su propiedad».

El recurso. Pese a que la sentencia del juzgado de Carrión era demoledora, el Ayuntamiento de Ayuela decidió recurrirla a la Audiencia Provincial, exigiendo la revocación de la sentencia y la desestimación de la demanda, así como la condena en costas para Mercedes Díez. El Consistorio argumentó una incorrecta valoración de las pruebas y aplicación del derecho por parte de la magistrada de Carrión, y, a mayores, defendió la prescripción por transcurso de más de 30 años para reivindicar la finca.

Sin embargo, la Audiencia no solo no halló motivos para poner en duda la valoración de las pruebas por la jueza, sino que impidió al Ayuntamiento presentar nuevos argumentos porque va contra una máxima judicial: toda sentencia debe concretarse a los hechos existentes en el momento de producirse la demanda y su contestación.

Con la desestimación del recurso interpuesto por el Consistorio, Mercedes Díez y su familia han recuperado su propiedad tras casi cuatro años de lucha. El Ayuntamiento no tendrá más remedio que acondicionar un nuevo espacio y trasladar allí el parque infantil, devolviendo la parcela al estado en el que se encontraba antes de que decidiese apropiarse de ella. 

La operación supondrá un considerable desembolso económico para un municipio tan pequeño, «pero lo peor de todo es que si el alcalde hubiese hablado con Mercedes y le hubiese pedido ese trozo de terreno para construir un parque infantil, se lo habría cedido sin ningún problema», sostiene su familia.