El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso ayer encima de la mesa el debate sobre la reducción del número de aforados con una propuesta de «limitación drástica» para pasar de los 17.621 que hay en la actualidad a solo 22. En una entrevista concedida a un periódico nacional, enumeró incluso esa lista en la que estarían los miembros de la Familia Real, el presidente del Gobierno, los del Congreso y del Senado, los del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y, por último, todos los dirigentes autonómicos. Y nadie más.
Según apuntó el popular, aunque a su juicio el aforamiento no constituye un privilegio, la sociedad española sí lo percibe así, de ahí que el Ejecutivo quiera dar un «respuesta». Eso sí, reconoció que la reducción del número de protegidos no puede hacerse mediante una ley orgánica, sino que requiere reformas tanto de la Constitución como de los Estatutos de Autonomía.
Esta propuesta fue matizada horas después por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que es un tema que hay que negociar con los demás partidos y con las regiones y advirtió de las «dificultades técnicas» para llevarlo a cabo ya que conllevaría una modificación de la Carta Magna y de las legislaciones regionales.
Así, tras la reunión del Consejo de Ministros, la número dos del Gabinete reconoció que es una cuestión «abierta a debate», tanto en lo que se refiere al «número» de aforados, su «condición» y el «alcance» de esa protección jurídica. Aún así, argumentó que es «bueno plantear este debate», que englobó dentro del «marco de las medidas de regeneración democrática» que están negociando con las demás fuerzas con representación parlamentaria.
CONSTITUCIÓN. Al ser preguntada sobre si en una hipotética reforma de la Constitución para reducir el número de aforados podría aprovecharse para incluir otros asuntos como el del modelo territorial, Sáenz de Santamaría aseguró que la clave para llevar a cabo cualquier cambio en la Carta Magna está en que exista un acuerdo y un consenso para hacerlo. A su juicio, esto no ocurre con las propuestas sobre el modelo territorial que son, en muchos casos, «divergentes», por lo que falta «una base de acuerdo»; en cambio, explicó, sí sucede con los aforamientos, donde hay «una predisposición de todos» a «limitar, acotar y clarificar», porque, a lo largo de los años, el número de protegidos «ha ido creciendo».
La popular también se pronunció sobre la propuesta de modificación de la ley electoral para la elección directa de los alcaldes. Según indicó, no existen cálculos electoralistas, sino de «fortalecimiento» de la democracia.
Según agregó, la mejor prueba de que no existen motivaciones electoralistas es que ese cambio puede favorecer en algunos municipios a partidos como Bildu o ERC. En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró también que se trata de una «medida de regeneración democrática» y que más allá de de «beneficie o perjudique» al PP, se trata de algo «en sí mismo bueno y positivo».