Las declaraciones que pronunciaba hace unos días el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón en España, abriendo la posibilidad de que unas echen el cierre en 2020 y otras prolonguen su vida útil hasta 2025, han retumbado con fuerza en la cuenca minera.

Una de las voces más críticas ha sido la del alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez, quien reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tenga el «mismo trato de favor» con las catorce plantas del país, y no favorezca a aquellas situadas en comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PSOE (Asturias, Aragón y la localidad leonesa de La Robla), tal y como se ha insinuado desde las filas del PP.

«Sorprende que sean precisamente estas centrales eléctricas las que La Moncloa quiere que prosigan la actividad», aseguró el también representante de los municipios carboníferos de la provincia en la Asociación de Comarcas Mineras ACOM-España). Es más, puntualizó que algunas de ellas «no han llevado a cabo ni una sola inversión para adaptarse a la normativa de emisiones», ante lo cual el primer edil velillense se cuestionó «para qué ahora», teniendo en cuenta que van a cerrar en un plazo máximo de un lustro.

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