El Tribunal Supremo ha obligado a la Audiencia Nacional a asumir la investigación de la red dedicada a la venta de carne de caballo no apto para el consumo en dos mataderos de León, desmantelada en 2017 en la denominada operación Gazel, al entender que los imputados integraban una organización criminal.

En la citada operación Gazel contra esta supuesta organización criminal, que se practicó en abril de 2017, fueron detenidas 65 personas (tres de ellas de la provincia de Palencia), de las que nueve ingresaron en prisión y, según informó la Guardia Civil, con este operativo se logró desmantelar una red de comercialización europea con unos beneficios anuales de 20 millones de euros.

A los detenidos se les imputan los delitos de maltrato animal, falsedad documental, prevaricación, contra la salud pública, blanqueo de capital y organización criminal.

Por lo demás, el Tribunal Supremo ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que resuelve la cuestión de competencia planteada por la negativa del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a hacerse cargo de esta causa cuando se inhibió el juzgado de Ponferrada que inició la correspondiente instrucción.

El alto tribunal, por contra, considera que la Audiencia Nacional sí es competente porque, a la luz de la exposición razonada remitida por el juzgado de Ponferrada y el dictamen del fiscal, se constata la existencia de una organización criminal «con el fin último de poner dentro de la cadena alimentaria humana, a nivel nacional e internacional» y «sin control sanitario alguno previa falsedad en sus documentos de identificación» el citado producto cárnico.

Para el Tribunal Supremo se trata, por tanto, de una actuación ilícita que se produjo «en el marco de una organización jerarquizada y con atribución de diferentes funciones de distinta responsabilidad en sus componentes, con medios idóneos para preparar y realizar dicho propósito».  Todo ello «concurriendo persistencia y continuidad en las actividades del grupo, estando localizadas en distintos ámbitos geográficos», lo que, a juicio de los magistrados, sugiere, «al menos en principio una forma de organización, desde luego no improvisada ni ocasional».

Estas sospechas, dice el auto del pasado junio, se desprenden de la investigación que ha consistido, fundamentalmente, en intervenciones telefónicas, controles de vigilancia, comisiones rogatorias y registros domiciliarios y sobre equipos informáticos.

* Más información en la edición en papel y en la app de Diario Palentino