Los tiempos en los que una farmacia era un seguro de vida para toda la familia han quedado atrás. Actualmente, muchos establecimientos farmacéuticos, especialmente los ubicados en el medio rural, pasan por grandes apuros y uno de cada cuatro tiene su viabilidad económica muy comprometida en Castilla y León, al no superar los 300.000 euros de facturación anual. Las cifras se disparan en las provincias de Soria y Zamora, donde cuatro de cada diez no son rentables.

Aunque la situación no es nueva, la crisis económica que ha atravesado España ha ahondado un problema, que si no alcanza aún el nivel de alarma sí que es muy preocupante para el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Concyl) y para la Junta de Castilla y León. Las causas son claras y conocidas por todos, pero nadie ha encontrado aún las soluciones. Mientras tanto, Sanidad garantiza que el acceso a los medicamentos en el medio rural se mantendrá de una u otra forma.

«No hay soluciones mágicas», reconoce Nieves Martín, directora técnica de Farmacia de Sacyl, quien recuerda que estos establecimientos son un servicio de interés público pero de propiedad privada, por lo que la «administración no puede obligar a mantener abierto el establecimiento» cuando no resulta viable económicamente, lo que sí hará es garantizar el servicio mediante la regulación de botiquines allí donde se detecte una necesidad.

La red de farmacias rurales está herida de muerte. El secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castilla y León, Juan de Dios Jódar, reconoce que es «muy complicado mantener estos establecimientos en la Comunidad por la despoblación, la dispersión territorial y el envejecimiento de la población». De hecho, el número de farmacias por habitante en Castilla y León es el más bajo de España, con la excepción de Navarra, y en el medio rural no excede de 1.200 personas por cada botica abierta.

Supervivencia. De las 1.631 farmacias existentes en las nueve provincias, unas 400 se encuentran con problemas de supervivencia económica al facturar menos de 300.000 euros anuales. Y de ellas, más de 250 no alcanzan los 200.000 euros (oficialmente con viabilidad económica comprometida), según los datos del pasado año facilitados por la Consejería de Sanidad. Ante este panorama, la Consejería de Sanidad ofrece una ‘ayuda’, regulada por el Ministerio en el año 2011, que consiste en aumentar los márgenes de beneficio a estas farmacias con menores ganancias y que el pasado ejercicio recibieron 253 establecimientos rurales con un importe total cercano a los 700.000 euros (690.562).

Bien es cierto que el pasado año descendieron en una decena respecto a 2014 el número de oficinas de farmacia a las que se aplicó el índice corrector de los márgenes, ya que la facturación global creció algo más de un dos por ciento. Sin embargo, la cifra de 2015 supone casi un 35 por ciento más que las 188 que no llegaban al umbral de la rentabilidad económica tan sólo hace cuatro años (2012).

Todos estos números y cifras sólo reflejan una realidad: la grave situación que viven las farmacias rurales en una comunidad donde la población de los pequeños municipios cada vez es menor. «La situación es grave, aunque confío en que no llegue a ser crítica y ponga en peligro el sistema», dice el vicepresidente del Concyl.

Ante ello, a pesar de la dificultad de encontrar soluciones, Juan de Dios Jódar insiste en la necesidad de que las administraciones públicas tomen conciencia de cuál es la realidad para buscar fórmulas alternativas que conduzcan a que las farmacias rurales puedan garantizar su supervivencia económica.

De inicio, los farmacéuticos consideran necesaria una revisión de la Ley de Ordenación Farmacéutica, así como acometer una reestructuración del servicio en Castilla y León. «Los establecimientos que venden más deben tener menos margen y los que facturan poco deben incrementar su margen», afirma Juan de Dios Jódar como punto básico de una reforma del modelo retributivo, cuya competencia es del Gobierno central.

Asimismo, anima a la administración a aprovechar la «tupida red de farmacias en el medio rural para incorporar nuevos servicios de salud pública a cargo del profesional farmacéutico hacia la población, que por supuesto deberían ser remunerados y servirían para equilibrar su situación económica».

Guardias. El vicepresidente del Concyl explica que en las farmacias con una viabilidad comprometida el beneficio anual gira en torno a los 15.000 euros, con lo que el profesional no puede contratar servicio de limpieza ni a un auxiliar que le ayude en el establecimiento, por lo que tiene que atenderlo él en solitario.

Esto se hace aún más complicado cuando tienen que hacer una guardia de 24 horas. «En el medio rural el coste de las guardias recae sobre el farmacéutico, no existe para él ningún beneficio». Por ello, Juan de Dios Jódar critica a los políticos o ayuntamientos que reclaman más guardias en las oficinas de farmacia rurales y afirma con rotundidad que «el que quiera o exija mejores servicios y durante más horas y días al año que los pague».

Cifras que constatan la realidad hay muchas y las causas son bien conocidas, tanto por la administración como por los profesionales, sin embargo faltan las soluciones. En los últimos años no se han abierto nuevas farmacias, puede ser un primer paso.