La semana acabó con un Mas solo, arrinconado, sin conseguir los apoyos suficientes para ser investido tras unos días de tensión en los que el Parlament catalán daba luz verde al proceso de desconexión con España y obtenía la respuesta del Gobierno, con una prohibición del Tribunal Constitucional, que trazaba la línea roja que los secesionistas dicen estar dispuestos a traspasar: se abre así un escenario inédito e incierto que parece abocado a un inevitable choque de trenes. 

La cronología marcó el devenir de la semana, ya que el alto tribunal suspendió la resolución independentista aprobada dos días antes por los independentistas al admitir a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Minutos después, el Ejecutivo de la región advirtió que no obedecerá al alto tribunal. Su prioridad, según dijo la número dos del Gobierno, Neus Munté, es «cumplir» con la resolución secesionista para iniciar el proceso hacia la creación de un Estado independiente en Cataluña «en forma de república», a pesar de haber sido advertida por el Constitucional, junto a otros altos cargos catalanes, de que podrían ser perseguidos penalmente en caso de delito de desobediencia. 

Si las instituciones catalanas ignoran la suspensión judicial y siguen adelante con el plan separatista, que incluye la aprobación de tres leyes en un plazo máximo de un mes para sentar las bases del hipotético nuevo Estado catalán, parece más que previsible que el Gobierno de Madrid y la Justicia tendrán que dar nuevos pasos.  «Pero a eso se le puede responder con otra desobediencia. Y podemos entrar en una dinámica de resoluciones de suspensión y desobediencia, de una y otra parte, que invita a poner término a ese círculo», explica Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia (UNED). 

Esa posible dinámica infernal de los independentistas se puede plasmar con una huida hacia adelante que obligaría a Rajoy a actuar con tanta firmeza como proporcionalidad. «Tiene que haber una ejecución de las decisiones judiciales. ¿Cómo se ejecuta eso? Pues seguramente apelando al artículo 155 de la Constitución, que es el que facilita al Gobierno suspender aquellas funciones o competencias que entiendan que puedan bastar para reconducir el asunto», prosigue Torres del Moral. 

El 155 es una artículo que nunca se ha aplicado y que los gobiernos evitan a toda costa. «Es la última ratio y cuando se utilizan las últimas ratios ya no queda ninguna más», apunta Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España. 

El propio Rajoy ha explicado en varias ocasiones que no le gustaría tener que llegar a aplicarlo. Su partido, el conservador PP, impulsó recientemente una reforma de la ley del Constitucional para dar al tribunal capacidad punitiva cuando sus sentencias se incumplan. «Un Tribunal Constitucional entrando en tanto detalle en la ejecución de sus decisiones es nuevo en España. Es una novedad provocada por la situación de emergencia y de la que tampoco hay muchos casos similares en Europa», señala García Roca. 

En este caso, si hubiera desobediencia, podría suspender de sus funciones a cargos públicos como el actual jefe del Gobierno catalán en funciones, Artur Mas, o a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. «Imagino que lo que el Gobierno pretende es no llegar a disolver el Parlamento o suspender la Autonomía o abocar competencias. Están demorando la aplicación del 155 con este mecanismo nuevo», asegura García Roca. 

«Lo que hace es establecer una vía intermedia entre la Constitucional normal y el artículo 155», añade Torres del Moral. 

¿Y si se llega a aplicar el 155? «O las partes se avienen a encontrar una fórmula pactada o se arriesgan a que esta situación se continúe sin que se obtenga ningún beneficio», asegura Torres del Moral. 

«No basta con cumplir la ley y aplicar el 155. Esto requiere una solución política. Esto no se va a arreglar con ni la coacción estatal ni con el Tribunal Constitucional», puntualiza García Roca. 

La reforma constitucional como solución es una de las opciones. Aunque no hay acuerdo para llevarla a cabo. «Yo creo que, pase lo que pase, habrá que hablar de ello en la próxima. Hay que arreglar la casa común, que se ha quedado vieja, para que pueda vivir todo el mundo, también los catalanes.», concluye.