Mostaza reclama "igualdad de derechos" en pueblos y ciudades

Rubén Abad
-

El sociólogo y director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de la multinacional Atrevia participa en el Congreso sobre Despoblación en Aguilar de Campo

El sociólogo y politólogo Manuel Mostaza Barrios, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de la multinacional Atrevia, especializada en consultoría de comunicación y tecnología, señaló que “independientemente de si residen en zonas urbanas o rurales” los ciudadanos deben tener “igualdad de derechos” para acceder a la tecnología y otros servicios “con unos estándares mínimos de calidad”. “Nadie está hablando de que pongas Metro en Sanabria o la Montaña Palentina”, ejemplificó, “pero sí contar con una buena asistencia sanitaria o cobertura de internet”.

En esta línea, tras actuar como moderador de la mesa redonda 'Medio rural y medio urbano. El equilibrio necesario', dentro del III Congreso sobre Despoblación del Medio Rural de Aguilar de Campo (Palencia), Mostaza apuntó que, por ejemplo, si el Estatuto de Autonomía de Castilla y León contempla que el acceso a las nuevas tecnologías es un derecho ciudadano “debe cumplirse”.

En este sentido se congratuló de que al menos ahora los problemas del mundo rural están en la agenda política “ya que antes no le importaban a nadie”, al tiempo que recordó que debe tenerse en cuenta que lo que se produce en explotaciones agrícolas y ganaderas se consume luego en el medio urbano.

En cuanto al ámbito tecnológico puso de manifiesto que “no es cuestión de que los niños jueguen por internet, ya que tu puedes ser un autónomo que quieres teletrabajar desde el pueblo y necesitas una buena conectividad y la economía digital está transformando la economía del mundo rural”, expuso.

No quedarse atrás

Con estas premisas, el sociólogo sanabrés, con publicaciones relacionadas con la despoblación, consideró que el “mundo rural no se pueden quedar atrás y no hay que permitirlo”. Por ello dijo que está situación hay que entenderla “desde el punto de vista del realismo y, aunque los recursos sean limitados, se trata de un tema de derechos y las prestaciones públicas deben estar garantizadas”.

De esta forma, consideró que si la conectividad es un derecho, “por que lo es”, las administraciones deben impulsar que las empresas la propicien como cuando Telefónica era una empresa pública. “Entonces debía dar servicio telefónico en muchas zonas aunque no fuera rentable. No podemos permitir que por que en un sitio no haya gente no nos podamos conectar a internet y, si hay empresas, no podrán presentar sus facturas ya que cada vez más todo está digitalizando y eso eso es como dejar a los pueblos sin electricidad o agua corriente”, aseguró.