• El ‘Grupo Alonso’ pone en evidencia que la empresa pública ha iniciado una campaña de descrédito de la compañía para que el Estado paralice las ayudas al carbón.
Unión Minera del Norte (Uminsa) denuncia que se ha establecido una estrategia para lograr la desaparición de esta compañía perteneciente al Grupo Alonso mediante «la iniciativa de Hunosa (la compañía del Estado dedicada a la extracción y explotación de carbón en Asturias) de paralizar el pago de las compañías a las que suministra carbón y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para bloquear las ayudas al carbón».
Estas afirmaciones de Uminsa vienen dadas por unas anotaciones que apuntan a una supuesta desaparición de 200.000 toneladas de mineral en el Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) que, según Hunosa, el empresario leonés Victorino Alonso «habría vendido dos veces alertando de este modo a las compañías eléctricas de que no facturasen carbón del Grupo Alonso». Asunto que desmienten categóricamente desde la empresa que emprenderá acciones legales por «verter falsas informaciones».
Sin embargo, las eléctricas -entre las que se encuentra Iberdrola, propietaria de la Central Térmica de Velilla del Río Carrión- ya han decidido rechazar por parte de sus respectivos departamentos jurídicos la medida presentada por la empresa pública en la que se pedía «la retención de cualquier pago por suministro de carbón, decisión de suma gravedad para adoptarse tan a la ligera», explican desde Uminsa.
PRODUCCIÓN. La empresa tiene capacidad, apuntan desde la compañía, «para producir, si nos dejan, 200.000 toneladas en el plazo de un mes, por lo que no se entiende que se magnifique este asunto en la forma en que se viene haciendo, hasta el extremo de que se pretenda utilizar como excusa para justificar el retraso en la aprobación de las ayudas al carbón, lo que ofende al sentido común y ahonda hasta niveles poco realistas el nivel de demagogia que se viene registrando en este país en todo lo que se refiere a la política del carbón».
Por otro lado, Uminsa denuncia el incumplimiento del acuerdo que la compañía firmó al incorporarse al AETC, en el que se establecieron «un porcentaje de pérdidas y mermas del dos por ciento anual en peso, calculándose proporcionalmente el tonelaje a entregar en el momento del desacopio».
Sin embargo, alerta de que en 2011 se registró un informe en el que se anunciaba que las mermas que se pactaron «eran superiores al cinco por ciento» alegando que «podrían alcanzar valores cercanos al diez por ciento».