La economía sumergida equivale en España al 18,6% de su PIB, alrededor de 190.000 millones de euros, y está directamente relacionada, entre otras cuestiones, con los elevados niveles de corrupción, según el informe Flexibilidad en el trabajo 2014, elaborado por Randstad.
La empresa de trabajo temporal ha obtenido este resultado a partir de la consulta de fuentes como Eurostat, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según explicó ayer el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, durante la presentación del informe.
Pérez puso en contexto las cifras y precisó que, con cálculos aproximados a partir de los actuales niveles de ocupación en términos EPA y teniendo en cuenta que la mayor parte de esta economía sumergida se compone de empleo en negro, podrían aflorarse hasta tres millones de puestos de trabajo y reducir así hasta un 50% o un 60% la tasa de desempleo actual, que se sitúa en el 23,7%.
España, indicó, cuenta con niveles muy superiores de economía y trabajo no declarado a los de países europeos como Austria (7,5%), Luxemburgo (8%), Holanda (9,1%), el Reino Unido (9,7%) o Francia (9,9%). Por otro lado, las naciones con mayor volumen de empleo y economía en B son los del Este, como Bulgaria (31%), Rumanía (28%) o Hungría (28%).
A la hora de explicar por qué España cuenta con niveles tan elevados, Pérez subrayó que uno de los factores que inciden en los datos es la corrupción del país.
«Niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral».
CÓMO ATAJARLO. Por otro lado, Pérez explicó que es preciso aflorar tanto empleo sumergido para sanear las cuentas públicas, lograr una reducción del paro que arrastra España y contar con una economías más competitiva.
A la hora de poner sobre la mesa las medidas necesarias para reducirlo, aseguró que la carga fiscal no está relacionada con el recurso de los empresarios a la contratación no declarada.
En cambio, señaló que es precisa una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas personas tengan que recurrir al empleo sumergido.
Por otro lado, Ranstad también señala que es necesario facilitar a las empresas la contratación eventual, lo que tiene relación directa con la penetración de las empresas de trabajo temporal (ETTs).
Según el informe, en los países con menores niveles de empleo en negro se da una mayor presencia de ETTs. Así, el índice en el Reino Unido es del 3,8%, del 2,7% en Países Bajos y del 2% en Francia, frente al 0,5% en España.
El estudio indica, además, que más de 1.800 millones de personas desempleadas de los países de la OCDE cuentan con algún tipo de empleo no declarado, es decir, el 60% de trabajadores, que suman 3.000 millones de personas.