Adaptación a los municipios. En esa línea va encaminada la aprobación del nuevo Reglamento de la Caja Provincial de Cooperación Municipal que se adapta a las necesidades de los Ayuntamientos ofreciéndoles la opción de refinanciar préstamos con tipos más beneficiosos al tiempo que elimina el periodo de caducidad de los créditos.

Todos los partidos apoyaron la propuesta que partió del equipo de Gobierno que jubila el reglamento anterior, del año 2001 que a su vez había actualizado otro de 1988.

La principal novedad del reglamento sometido a la votación del pleno ayer es su adaptación al Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre por el que se establece que todas las operaciones que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera, lo que supone establecer una serie de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo.

Asimismo amplía la atención a los municipios adaptándose a sus necesidades de acuerdo con su experiencia de los últimos años.

Se aumentan, con el acuerdo adoptado ayer, los fines de la Caja Provincial de Cooperación Municipal, que este año contempla una consignación de 661.564,89 euros.

Establece como novedad la concesión de préstamos también para atender las necesidades transitorias de tesorería. A este fin se destinará un máximo de 300.000 euros anuales del capital de la caja y cada Ayuntamiento podrá acudir a estas operaciones cada dos años.

Incluye la concesión de préstamos para refinanciar créditos suscritos con anterioridad para poder obtener tipos más beneficiosos, especialmente aquellos cuyas condiciones no se encuentren adaptadas al principio de prudencia financiera.

También se incluye la financiación excepcional de aplicaciones informáticas a las que se suman la adquisición informático, comunicaciones y de otro tipo que resulten de especial interés, que ya venían recogidas.

Mantiene. Los objetivos que se mantienen con respecto al anterior reglamento vigente desde hace 15 años son la financiación de la aportación económica de las entidades locales a los Planes Provinciales y a cualquier plan que apruebe la Diputación para la realización de obras y servicios, la implantación de servicios informáticos o de comunicación.

La Caja de Cooperación -de la que no ofrecieron datos del número de operaciones que cierra anualmente, aunque sí se precisó que no se agota el montante que se consigna en los Presupuestos-, financiará las aportaciones económicas de los municipios a cualquier acción planificada que desarrollen en colaboración directa con el Estado o la Comunidad Autónoma e inversiones municipales cuando a juicio del órgano competente se consideren de importancia a los intereses municipales o provinciales. Otra de las novedades del nuevo articulado que entrará en vigor en junio es la desaparición del artículo 19 que establecía que transcurrido un año desde la formalización del contrato sin que la entidad hubiera solicitado la disposición de los fondos se produciría su caducidad.