• El alcalde guardense destaca el «comportamiento ejemplar» de la Administración Regional y culpa a Madrid de haber realizado una «mala gestión» de los ‘Fondos Miner’.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dado la razón al Ayuntamiento de Guardo en la demanda interpuesta por impago contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en relación a las obras de la nueva Casa Consistorial y Auditorio de la localidad minera.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se obliga a la Administración Regional a pagar 822.581,90 euros. Con esta cantidad, que se suma a los 3.317.726,70 aportados anteriormente, la Junta se pone al día en lo que a los pagos de esta infraestructura municipal se refiere, cuyas obras están ejecutadas al 75 por ciento.

Sin embargo, una vez ingresada esta cantidad, aún faltarían por pagar 1.536.728,40 euros más, con los que se alcanzaría el presupuesto total de este nuevo edificio administrativo y cultural, estimado en 5.677.037 euros.

Contra el mencionado auto cabe la posibilidad de la interposición de un recurso de casación, aunque el alcalde, Juan Jesús Blanco, confía en que la Junta «pagará en el plazo máximo de tres meses esta cantidad, ya que ha mantenido un comportamiento ejemplar y se ha hecho cargo de un compromiso que en su día adquirió el Estado».

Del mismo modo, recordó que el montante económico aportado desde Valladolid, «procede total y absolutamente de los fondos propios de la Administración Autonómica, que a pesar de carecer de un presupuesto específico para esta partida, ya que el dinero llegaba desde el Gobierno Central a través de los Fondos Miner, ha respondido muy bien a esta situación».

FUTURO. A lo largo de las próximas semanas se volverá a abrir un proceso de negociación entre el Ayuntamiento guardense y los agentes implicados para resolver el futuro de este inmueble municipal, situado en pleno centro urbano de la localidad norteña.

En este sentido, el primer edil precisó que el equipo de Gobierno «tiene la esperanza de que las obras puedan iniciarse nuevamente en enero de 2016 y se prolongarán previsiblemente hasta junio de ese año», mes en el que se darían por finalizados los trabajos que se iniciaron en febrero de 2012.

De cumplirse los plazos, en este tiempo se procederían a ejecutar los remates que le faltan al inmueble. Entre ellos se encuentran la instalación de la carpintería metálica en la zona del Auditorio, pequeños detalles en los sistemas eléctricos, de climatización y fontanería del edificio, la puesta en marcha de los mecanismos de acceso al garaje subterráneo, colocar las puertas de las diferentes salas, pintar todas las dependencias y finalizar la fachada.

A ello se uniría la urbanización integral de la plaza del Ayuntamiento, inutilizada prácticamente por completo desde principios de 2012, «con el objetivo de que recupere la funcionalidad que siempre ha tenido este céntrico lugar de encuentro», apostilló Blanco.

EN PLENO. Cabe recordar que la decisión de interponer una demanda contra la Junta de Castilla y León se aprobó en la sesión plenaria celebrada el 29 de julio de 2013 por unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación en la Corporación Municipal: Partido Popular, Ciudadanos (bajo las siglas de Prcal), Partido Socialista y Nuevo Guardo.